162 casos de agresión a la libertad de expresión

En 2019 se registró 162 casos de agresión en Bolivia, un preocupante 383 % de incremento en violaciones a la libertad de prensa, el acceso a la información y la libertad de expresión, en relación a la gestión pasada, estos datos fueron revelados por la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), según el informe “Sombra” presentado por la organización Voces del Sur (VDS).

Este informe, en un capítulo dedicado a Bolivia, advierte sobre el incremento en los casos de agresiones no solo en número sino en la gravedad de las agresiones sufridas por trabajadores del periodismo.

“El terrible salto en las alertas relacionadas con agresiones y ataques—un incremento de 383 % de un año al otro—se compara únicamente con el incremento en gravedad y crueldad de las agresiones y ataques. Las vidas y bienestar de periodistas, incluyendo reporteros, fotógrafos y camarógrafos, han sido sistemáticamente atacada a través de palizas, uso de gas lacrimógeno e incluso explosivos”, indica el informe.

El estudio también califica al desempeño de las actividades relacionadas al periodismo, como significativamente tensas debido a los conflictos registrados en el país a causa del proceso electoral anulado por el fraude y las posteriores protestas sociales en las que se violaron varias libertades.

“La libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información en Bolivia fueron significativamente tensas en el 2019, debido a las protestas masivas, al malestar social que hundió a Bolivia en el contexto de un proceso electoral defectuoso, la controversial salida de Evo Morales del poder y las consecuencias posteriores de una agitación política”.

Este incremento de agresiones a trabajadores de la prensa fue reportado a su tiempo por la Unidad de Monitoreo de la ANP, labor que cumple desde 2008.

Se agrega que en los ataques a periodistas el Estado fue identificado como el perpetrador en 28 % del total de las alertas registradas en 2019. De la misma forma, los poderes Judicial y Legislativo son señalados como perpetradores de violaciones relacionadas con procesos judiciales y el marco legal contrario a las normas, mientras que un 72 % de las alertas registradas identifican a actores no estatales principalmente manifestantes o agresores desconocidos.