Israel Camacho Monje
Es de conocimiento general que desde que se produjeron los fallecimientos de miles de bolivianos por el Coronavirus en nuestro país, desde el 20 de febrero hasta hoy, las autoridades del Ministerio de Salud Pública siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), procedieron a la inmediata incineración de los cuerpos y entierro de sus cenizas, bajo tierra y en los lugares previamente señalados, ya sea en los cementerios o lugares fuera de las ciudades, y cuya identificación personal está registrada en los libros correspondientes y también están contemplados en cuadros estadísticos que diariamente se los publica en la prensa escrita y canales de televisión.
Sabemos, por comentarios de la gente, que hay familias, tanto en ciudades como provincias del país, que por vergüenza o para no ser discriminados por sus vecinos, han decidido ocultar a uno o más miembros contagiados con Covid-19. Y pese a las advertencias de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, para no auto-medicarse, ya sea con yerbas medicinales tradicionales o tratamientos no reconocidos, lo único que han conseguido ha sido provocar más fallecimientos. Y dándose cuenta de la muerte que han provocado, han procedido a la inmediata incineración o al entierro de los cuerpos en cementerios clandestinos, tanto dentro como fuera de ciudades y poblaciones. En algunos casos procedieron a enterrarlos en sus jardines o patios de tierra, o hasta abandonarlos en plena vía pública. En ambos casos ese accionar constituye un delito.
Delito de asesinato que ha abierto las puertas a los delincuentes para de esa forma apropiarse de los bienes de inocentes ciudadanos que lamentablemente vivían solos y sin familias, por un lado, o de aquellos que decidan deshacerse de sus enemigos, vecinos o no, sin dejar rastro alguno.
Por todo lo anterior, se impone que las familias que hayan incinerado o enterrado clandestinamente los cuerpos de uno o más de sus miembros contagiados y fallecidos por el coronavirus, deben dar a conocerlos a las autoridades de salud pública, para que sean insertados en las listas de fallecidos, y que oficialmente se conozca el verdadero número de personas fallecidas. Y es que pasada la pandemia del coronavirus, será notoria la ausencia de esos familiares fallecidos o vecinos desaparecidos, y entonces tendrán que justificar su ausencia ante los estrados judiciales. ¿Verdad que sí?
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