La justicia partidizada

En algunas anteriores notas periodísticas comentamos que en el anterior régimen de gobierno de corte autoritario, todas las funciones y puestos en el aparato del Estado se llenaban no por méritos profesionales o de idoneidad ética, sino previo “aval político”, es decir una suerte de certificación en cuanto a que el individuo militaba en los registros del partido de gobierno o era dirigente de los mal denominados “movimientos sociales” al servicio del poder.

Esta reprobable política para el funcionamiento del aparato del Estado, determinó que éste en su totalidad fue controlado partidariamente y al servicio exclusivo de las instrucciones emanadas del poder político. De esta manera todos los jueces, fiscales y magistrados (seguramente habrá alguna excepción) fueron nombrados a la sombra del partido de gobierno, el MAS, y pese al cambio de presidente de gobierno, siguen en sus funciones, pues sólo la presidencia del Estado, el gabinete de ministros y algunos otros altos puestos, no siguen controlados por el MAS.

La Constitución Política del Estado, “norma normarum” o norma suprema, establece en su Art. 12 que los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral están organizados con los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación, y la doctrina de la democracia le da esta característica, una de las condiciones fundamentales para que un régimen sea considerado democrático, situación que no sucedió en el anterior régimen de gobierno, en la que todo el Estado estaba controlado por un solo individuo.

Cuando la justicia carece de independencia y está sometida a intereses que no sean los colectivos ajustados a la ley, no es justicia, sino un remedo y así lo han demostrado los catorce años del régimen populista y en este gobierno, donde las actuaciones judiciales y sus resoluciones están absolutamente impregnadas de color político-partidario (seguramente salvo alguna excepción).

Algunos gobiernos de facto y de derecho en el pasado, dispusieron una “renovación judicial” para remover de sus funciones a jueces y magistrados, así como del Ministerio Público, precisamente por su exagerada partidización. El actual gobierno, originado en la valerosa movilización del pueblo contra el fraude electoral, se instaló sobre la estructura de poder que 14 años edificó el MAS, sin haberla modificado.

La misma situación se da en el Órgano Legislativo que concluyó su mandato el 22 de enero, pues la representación que recibieron del pueblo por el voto (pese a los vicios electorales) tenía fecha de inicio y conclusión, así lo determina la Constitución, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional una vez más se arrogó la soberanía del pueblo y prolongó ilegalmente el mandato popular concluido, de tal manera que la Asamblea Legislativa es absolutamente “inconstitucional” y sus actos son nulos de pleno derecho.

En un real “estado de derecho”, todas las funciones, actuaciones, resoluciones y políticas públicas tienen que estar ajustadas estrictamente a derecho, es decir a la ley.

El autor es Abogado, Politólogo y escritor.