Plantean diálogo tripartito para impulsar el desarrollo

La actual situación social, política y económica del país impulsa propuestas empresariales para encarar el futuro de corto mediano y largo plazo, y una de ellas es la flexibilización laboral, pero también buscan la implementación del Diálogo Tripartito, establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la aplicación de la misma puede impulsar el desarrollo del país.

El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Ibo Blazicevic, en reiteradas oportunidades señaló que la economía del país requiere de un análisis y de la aplicación de medidas impositivas, económicas y laborales, y más aún en la actual coyuntura.

La flexibilización laboral es una propuesta del sector privado, pero también hay propuestas sobre alcanzar un pacto social para que los pedidos empresariales y de los trabajadores, así como de la sociedad, puedan viabilizarse sus propuestas y alcanzar un acuerdo global.

Sin embargo, el diálogo tripartito sería un paso para avanzar en el pacto social e involucrar a otros sectores de la sociedad.

Al respecto de la flexibilización o el pacto social, en un cuestionario enviado a la CNI sobre el tema, señaló que la reactivación de la economía post Covid – 19 requiere de nuevas reglas económicas, entre ellas, la flexibilización laboral.

“Bolivia es el país que tiene el quinto salario mínimo más alto entre 10 países de Sudamérica y la productividad laboral más baja de Sudamérica, lo cual significa que su competitividad laboral para realizar inversiones y producir es baja y no atractiva respecto de otros países”, señaló Blazicevic.

Opinó que la actual norma laboral es rígida e inflexible y las actuales modalidades de contratación formal en relación a horas extraordinarias, dominicales, feriados, contratación por producto, períodos de coyuntura, entre otros, restan productividad y competitividad a la industria nacional respecto de empresas de otros países.

Por esas razones y adicionalmente por los efectos del Covid – 19, el desempleo en Bolivia pasó de 4,8 % en diciembre de 2019 a 9,6 % a junio de 2020 y el mercado laboral informal supera el 80 %, sostiene.

Es por ello que afirma que Bolivia requiere de un ajuste en su norma laboral. “La CNI planteó una política laboral y salarial en base a 8 aspectos: derecho de consulta de los empleadores en base al Convenio 26 con la OIT, universalización de la política salarial, nuevo indicador para el cálculo de bonos, y subsidios, política de incentivo a la inversión privada, política salarial para fomentar la competitividad empresarial, política salarial quinquenal, ajuste al salario mínimo nacional y al haber básico”, apuntó.

En su momento, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, abogó para que se implementen normas para mejorar la productividad, que pasaba por mejorar la norma laboral.

Pero para la CEPB, tanto la flexibilidad laboral como el pacto social no son excluyentes. “Creo que en el corto plazo, y considerando la gravedad de la situación por la que atraviesan todas las empresas, es necesario darle a las unidades productivas, las condiciones necesarias para que puedan sobrevivir y sostener el empleo actual”, opina el presidente la CEPB al cuestionario enviado sobre ambos temas.

“A las políticas laborales, así como las impositivas, la burocracia y la informalidad, que eran barreras que arrastrábamos desde hace varios años, se ha sumado ahora la gravísima crisis que ha paralizado la economía y ya está afectando de manera irreversible la producción, el comercio y el empleo. Frente a esto, es necesario que el Estado disminuya la presión y el acoso sobre el sector formal, flexibilizando las condiciones en la que se desenvuelve el sector privado, para que la recuperación sea viable y más rápida”, puntualizó.

“Estoy persuadido también que en el mediano plazo será necesario un acuerdo nacional, que involucre al sector público, al empresariado, los sectores sociales, los políticos y la ciudadanía, que siente las bases para salir de esta situación de crisis, cuyo alcance apenas estamos visualizando”, sostuvo.

Es por ello que aboga por ponerse de acuerdo, entre todos, sobre las condiciones básicas para avanzar hacia la solución de los problemas, que se arrastran desde hace varios años, y a los nuevos que han aparecido con la pandemia, de modo que desde el Estado se genere la normativa, regulación y orientación de las políticas económicas que debemos seguir en adelante.

Por su parte, el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, sobre el tema, indicó que es importante aclarar que la Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) ha planteado oportunamente se implementen medidas de corto, mediano y largo plazo y que las mismas deben ser integrales, efectivas y oportunas.

“La economía depende de varios factores por lo que, al momento de diseñar e implementar medidas, se debe considerar la integralidad de las mismas y deben impactar en varios factores para mantener los equilibrios necesarios para no desestabilizarla”, afirmó.

Explicó que han confluido tres crisis en el país, la de salud, la económica y la política, y el impacto sobre la economía ha sido altamente negativo. “Como organización empresarial, apolítica y respetuosa de las normas que nos rigen, entendemos que la Constitución Política del Estado refleja el pacto social de todos los bolivianos y es la base de la convivencia pacífica, por eso hemos exhortado, ante esta crisis, a gobernantes y gobernados, a respetar nuestro marco jurídico establecido y los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos, puesto que el desconocimiento y la vulneración de la Constitución Política del Estado y las leyes genera incertidumbre, inseguridad jurídica y falta de institucionalidad del Estado”, reflexionó.

Agregó que en el ámbito laboral, esta crisis ha obligado tanto a empleadores como trabajadores a adecuar su relación laboral que cumpla con los índices de productividad esperados. “Por tanto, hemos planteado la necesidad de modernizar la legislación laboral que permita adecuar las regulaciones en éste ámbito y generar mayor flexibilidad, tanto para empleadores como para trabajadores, que permita fortalecer a nuestra fuerza laboral y volverla más competitiva respecto la región y el mundo”, apuntó.

Escenario

Los empresarios coinciden que en una coyuntura política, como vive el país, no se podrá llevar adelante un diálogo tripartito, y más bien esperan que las tiendas políticas en campaña puedan pronunciarse al respecto sobre el tema para dar certidumbre al sector y avanzar en el desarrollo del país.

La CNI considera que, en la actual coyuntura pre electoral, los candidatos a la Presidencia deben plantear con claridad qué política laboral y salarial aplicarán en su gestión de Gobierno, qué actores económicos (trabajadores, empleadores y Gobierno – diálogo tripartito) participarán en la definición de la política laboral – salarial, sostiene.

Además, “los industriales hemos hecho conocer desde años anteriores nuestra propuesta de Política Salarial y Laboral que contempla los ocho aspectos indicados”, apuntó.

La economía post pandemia requiera de la flexibilización del mercado laboral para incrementar la productividad y competitividad del país y reencaminarnos en procesos de crecimiento y desarrollo, expresó.

Mientras la CEPB recuerda que el diálogo tripartito, o dialogo social, es un mecanismo desarrollado por la OIT e inscrita en varios acuerdos internacionales de los que somos signatarios que se define como “todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores o entre empleadores y trabajadores sobre temas de interés común relacionados con la política económica y social”.

Desde esa perspectiva, ese mecanismo es un lineamiento que debiéramos aplicar no solo porque como Estado nos compromete, sino porque su implementación es el mejor camino para encontrar soluciones a varios temas que van más allá de la definición salarial, por ejemplo, sugirió la CEPB.

“Lamentablemente en las últimas décadas, los gobiernos han obviado su aplicación, muchas veces por temas ideológicos que le han hecho mucho daño a la creación, sostenimiento, formalización y calidad del empleo. Las actuales circunstancias, marcadas por una crisis gigantesca, de la que no podemos salir separados, nos impone la necesidad de sentarnos a dialogar, a consensuar las soluciones, en un marco de respeto, apertura y racionalidad”, criticó la Confederación.

A pesar de ello la CEPB guarda esperanza en la propuesta de la OIT al indicar que es posible que, el diálogo tripartito, sean uno de los mecanismos más idóneos y eficientes que debemos aplicar de aquí en adelante, no solo para enfrentar la crisis, sino para construir un verdadero desarrollo económico, laboral y social que, cumpla los derechos de los trabajadores, protegiendo a las empresas que son las que generan las fuentes de trabajo.

Planteado

Mientras tanto, Jáuregui sostuvo que durante los últimos años, el sector empresarial ha planteado su entera disposición y ha planteado al Gobierno Nacional sea promotor del diálogo tripartito. “El tripartismo es una de las principales formas de diálogo social, es un principio fundacional y un valor fundamental promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, recordó.

“Entendemos que promover el diálogo social es un instrumento efectivo para la modernización de la legislación laboral, misma que permite garantizar relaciones laborales constructivas y condiciones de trabajo dignas, así como proporcionar la previsibilidad y la claridad suficientes a los empleadores para que puedan planificar y gestionar sus operaciones. Sin embargo, para su correcta implementación no debería tener ninguna influencia del ámbito político, por lo que en este momento de coyuntura electoral que vive nuestro país, no es necesariamente el más adecuado, puesto que podría distorsionar el proceso del dialogo social”, aclaró.

Finalmente, ya constituido un nuevo Gobierno deberá promover este proceso, mucho más considerando los indicadores de empleo que son altamente desalentadores, como aumento del desempleo y la caída del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.