Chaqueos e incendios, graves atentados contra la naturaleza

Las experiencias recogidas por el pueblo sobre declaración de buenas intenciones de los gobiernos son múltiples, sobre la “urgencia de prohibir chaqueos e incendios”. Tales propósitos nunca se cumplen y quedan como simples enunciados demagógicos, sea por debilidad o complicidad de los regímenes. Y es que no quieren tomar conciencia del grave daño que se infiere al país con los chaqueos casi permanentes en casi todas las regiones, como pretexto para “habilitar tierras para la agricultura” en cabeceras de valle, valles, regiones sub-tropicales y hasta altiplánicas. Son acciones criminales que dejan como páramos a ricas zonas del país.

Las conductas de consentimiento o complicidades en que incurrió el gobierno masista fueron tan graves que se llegó al extremo de aprobar decretos legalizando y autorizando los chaqueos e incendios forestales. Estas actitudes complacientes ante los atentados contra la naturaleza han causado, tan solo en el pasado año, la quemazón de más de dos millones trescientas mil hectáreas de bosques, selvas y ricas regiones en el oriente, bajo la mirada tolerante del masismo y solamente con el reproche de entidades internacionales; pero sin que se tome medidas efectivas para evitarlos. El gobierno vio complacido cómo selvas y bosques fueron presa de las llamas y solo ante los extremos que sobrepasaban los dos millones de hectáreas y por decisión de países amigos, llegaron aviones y helicópteros con sus respectivos equipos y se combatió seriamente al fuego. Antes de todo ello, el gobierno nada o poco hizo para combatir el mal que como pandemia mortal tendía a extenderse muchísimo más. Hoy esas fuerzas masistas reclaman al gobierno que no se toma medidas contra los incendios y la realidad es que se hizo muchísimo más en pocos meses que en casi l4 años del gobierno Morales-García, al que no le importó cuánto se perdía y cuántos miles de animales y especies vegetales morían.

Al asumir el gobierno la Dra. Añez, la colectividad nacional tenía la esperanza de que esas disposiciones que autorizaban y legalizaban los incendios serían anuladas y a nadie en el gobierno se le ocurrió proponer la derogación de las medidas arbitrarias y, recientemente, el sábado l2 de septiembre, se dijo: “el gobierno estudia la derogación de decretos que autorizan los incendios”. Extraño anuncio cuando no hay necesidad de “realizar estudio” de un hecho que hiere seriamente al país y correspondía haberlos derogado al asumir el gobierno en noviembre pasado. Este retraso muestra cómo el gobierno no actúa con la precisión debida en casos de suma urgencia, como es el caso de derogar decretos atentatorios que tanto daño causaron en años pasados, ya que actualmente siguen destruyendo ricos bosques y selvas, además de matar especies animales y vegetales de difícil reposición.

El país, como es lógico, esperaría una explicación clara, honesta y responsable sobre conducta tan desleal con la nación y su naturaleza, sobre el no haber anulado o derogado esos decretos hace muchos meses; explicación clara sobre el hecho de que ningún ministro se haya preocupado del caso con la debida oportunidad.

Esta forma de actuar significa, simplemente, faltar a la responsabilidad que se debe tener con el país por la desidia de funcionarios.