Asesor de empresa coreana con más de seis años de detención preventiva busca justicia

Carlos Hur, abogado y asesor de la empresa General Marine Bussines Inc. (GMB), quien se encuentra privado de libertad en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 6 de febrero de 2014, acusado por los presuntos delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, incumplimiento de contrato lesivos al Estado y asociación delictuosa, dentro del denominado caso “barcazas chinas”, clama justicia.

En una carta que hizo llegar Hur a EL DIARIO, explicó que en enero pasado inició el juicio por las irregularidades que se cometieron en la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores (remolcadores) chinos, con una inversión de más de 30 millones de dólares. En el caso, 21 personas fueron acusadas, entre ellos seis extranjeros.

“El juicio inició el 6 de enero y paró antes de la pandemia. Hace dos semanas nos volvieron a notificar pero no creo que prospere, porque es difícil notificar a todos los acusados. Soy abogado y asesor de las empresas coreanas contratadas, no tengo ningún trato con el Estado, por lo tanto no recibí dinero alguno de Bolivia. Si mi comportamiento ha sido inmoral o de haber cometido errores, debería procesarme la empresa que me contrató, no el Estado boliviano”, apuntó.

En ese marco, Hur aseguró que le “están haciendo pagar una pena anticipada”, y es víctima de un secuestro judicial ya que en su caso no se aplicó la presunción de inocencia y lleva más de seis años detenido por delitos cuya sanción es de tres a ocho años de privación de libertad.

El jurista cree que el gobierno se equivocó de camino al judicializar el proyecto señalando que más bien se debería haber acudido a instancias internacionales como un tribunal marítimo o un tribunal en materia naval, para resolver el tema.

Indicó que al seguir un proceso penal, en la justicia boliviana, hace que Bolivia no tenga oportunidad de recuperar las barcazas, ni los empujadores, indicando que no es la instancia correcta, para que se pueda hacer cumplir o completar con los contratos.

“El Estado boliviano, en general, pide que se cumplan las normas nacionales e internacionales, para el cumplimiento de los contratos y plazos, pero el Estado boliviano y sus instituciones involucradas como el Ministerio de Defensa, Enabol, Ministerio de Economía, a través de sus operadores políticos, es reacio a cumplir las normas, tiene su propia interpretación del contrato, no cumple plazos ni pagos, ni asume errores, ni paga penalidades y acude a tribunales internacionales solo bajo conveniencia, por ejemplo el caso del Silala”, expresó Hur.

HECHOS

La Empresa Naviera Boliviana (Enabol), dependiente del Ministerio de Defensa, a finales del año 2009 realizó la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores (remolcadores) para transporte de mineral de hierro y carga seca, que se produciría en la mina de hierro del Mutún. Esta adquisición tuvo un costo de alrededor de 30 millones de dólares, monto total que se canceló al inicio de la obra.

Fruto de varios errores administrativos atribuidos a Enabol, el Ministerio de Defensa y principalmente al Banco Central de Bolivia (BCB) por el vencimiento y caducidad forzada de una de las Boletas de Garantía, es que todo el material naval no pudo ser finalizado y en consecuencia transportado hasta territorio nacional.

Según Hur, las 16 barcazas construidas con estándar de construcción coreano (KR) Korean Register Society, y que a partir de enero de 2019 pasaron a ser propiedad del Estado Boliviano, se encuentran almacenadas en el astillero de Daewoo Shipyard Shandong Construction, que actualmente es el más grande del mundo ya que cuenta con más de 25.000 empleados.

“Las barcazas están listas para ser transportadas previo pago de un costo de almacenaje correspondiente y gastos administrativos y judiciales que es negociable entre las partes involucradas”, explicó.

EMPUJADORES

Refirió que los dos empujadores se encuentran en un 90 % de construcción, con todos los materiales e inventarios completos en el astillero. “Esto quiere decir que solo se necesitaría mano de obra calificada y algunos materiales locales para poder finalizar la construcción, para esto tienen que ser transportados a otro astillero, con carácter de urgencia para que sean finalizados y transportados hasta su destino final”, apuntó.

BARCAZAS EXTRAS

El jurista apuntó que con la finalidad de arreglar los problemas de material naval y completar las ocho barcazas faltantes que complementarían el segundo convoy, Enabol, con la aceptación política firmó un contrato en la Embajada de Bolivia en Beijing, hace ocho años, mismas que se encuentran concluidas y tuvieron un precio de diez millones de dólares americanos, que incluían el pago de almacenaje de las 16 barcazas, la liberación y terminación de los empujadores, además del transporte de todo el material naval hasta Rosario - Argentina.

“Estas eran las condiciones de 6 años atrás, ahora se ha sumado el almacenaje de las 16 barcazas, el deterioro de los empujadores y la compañía de transporte que nos ha quitado la rebaja inicial en el precio del transporte y nos ha colocado penalidades por el incumplimiento en el contrato y tiempo de transporte”, aclaró Hur.

El jurista refirió que el contrato fue avalado por todo el directorio de Enabol de ese entonces, mismo que de acuerdo al Decreto Supremo 29651 del 22 de julio de 2008, estaba conformado por el Ministro de Defensa en condición de Presidente, el Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana, los directores generales de Capitanías de Puerto y de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante, el jefe de la Unidad de Marina Mercante y un representante del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, posteriormente ingresó el Ministerio de Economía.

“El entonces ministro de Defensa, Rubén Saavedra, designó al Viceministro General para que se encargue de la aprobación, solo que el mismo Ministro de Defensa no reconoció ni quiso cumplir el contrato, a causa de ello el proyecto se encuentra parado por más de nueve años con juicios penales que no llevan a recuperar nada. Existen juicios penales en Bolivia y juicios de índole comercial en los astilleros de la República Popular China, ya que existe una clausula en cada contrato que obliga a las partes a recurrir al arbitraje internacional antes de un juicio comercial y peor antes de un juicio penal, a personas físicas o auxiliares de comercio”, dijo.

BOLETAS DE GARANTÍA

Las boletas de garantías para la construcción de 16 barcazas y 2 remolcadores para Bolivia, tenían una vigencia de 11 meses, a partir de la firma del contrato de adenda (el 11 de diciembre del 2009) y en caso de incumplimiento de contrato por parte de la empresa constructora se podría ampliar por 6 meses de manera automática, previa notificación por parte de Enabol, mediante el Banco Central de Bolivia (BCB), con un sistema Swift autenticado, antes de la fecha de expiración (el 11 de noviembre de 2010).

En el documento de la boletas de crédito de garantía QDB2010LG00004 y QDB2010LG00005 señalan la vigencia de 11 meses, desde la fecha de firma de la carta de adenda del 10 y 11 de diciembre de 2009 o hasta que los bienes navíos hayan sido entregados y aceptados por Enabol. El 26 de octubre de 2010, Enabol mediante nota DAF/ UF/Tesorería N° 034/2010 solicitó al BCB, la ampliación del plazo, de la vigencia de las boletas de crédito de garantía.

El BCB como ente “avisador”, debía comunicar al Banco de China con código SWIFT la ampliación, como señala el protocolo de las cartas de crédito de garantía, pero no lo habría hecho, poniendo en riesgo las garantías para la ejecución de las barcazas y remolcadores.

El 5 de mayo de 2011, Enabol envía la nota DAF/UF/Tesorería 040/2011 al BCB, con la intención de ejecutar la boleta de crédito Stanb By SB-QDB2010LG00005, por el incumplimiento de contrato para la construcción de los 2 remolcadores, sin embargo el Export-Import Bank of China informó que la boleta ya había expirado el 11 de noviembre de 2010.

El 2011 tras que se vencieran las boletas de garantía, los trabajos quedaron paralizados y China se quedó con los diseños a través de sus empresas estatales.

En ese marco, Hur denunció que China obtiene ganancias con diseños que le pertenecen a Enabol, poniendo en duda, de que la caducidad de las boletas de garantías, no se debió solamente a un “error de interpretación” y que habrían sido forzadas.

“Es imposible que una institución boliviana como el BCB haya cometido un error que favorece con millones de dólares y con la consecuente entrega total del proyecto al Estado Chino mediante sus empresas operadoras, sin recibir nada a cambio”, cuestionó.

Señaló que por ese supuesto error de interpretación, ahora China vendió 144 barcazas a la empresa brasilera minera de hierro, Vale Do Río Doce, con los diseños que le pertenecen a Enabol. También vendieron 8 empujadores (remolques) a Paraguay, con el diseño que le pertenecen a Bolivia.

CHINA

A través de la empresa pública China National Electronics Import and Export Cor-poration, con su sucursal en Shang Dong, el gobierno chino participó en el proyecto de las barcazas para Bolivia.

La empresa China National Electronics Import and Export Shang Dong Corporation (CEIESDC) es una compañía que pertenece a la República Popular de China y bajo sus leyes, es la única autorizada para exportar ese tipo de bienes de manera legal, ya que ni el astillero donde se construyeron las barcazas, cuenta con autorización para exportar bienes por sí mismos.

En los contratos firmados y en las boletas de garantía que se presentaron para el proyecto, la empresa china figura como co-constructor de las 16 barcazas y los 2 empujadores para Bolivia, además del único exportador de los bienes, quien realizó los pagos a los proveedores, y presentó las boletas de garantías, del 107 por ciento, del costo total del proyecto, para Enabol.

Supervisó el cumplimiento de la construcción de los bienes, y recibió el 100 por ciento del pago, por el valor de los bienes, siendo que la empresa china fue la que manejo todos los pagos a los contratistas y proveedores.

La empresa Ceiesdc participa tramitó a favor de Enabol, la retención de impuestos de casi 3 millones de dólares, ya que al tratarse de alta calidad, la mayoría de los materiales deberían importarse de otros países y el dinero estaría retenido como garantía, por si el material importado a China nunca abandonaba ese país (Sistema Ritex en Bolivia o Maquilq), sin embargo estos recursos serían devueltos, sólo si los bienes serán exportados (barcazas y empujadores) pasando por lo menos las 500 millas náuticas de la orilla de los puertos de China, hacia aguas internacionales.

Hur cuestionó el que se haya entregado por parte de la empresa China Ceiesdc todos los pagos de la construcción de los empujadores, cuándo no se terminaron, además que aún se tiene pendiente la devolución del dinero retenido por impuestos, “ahora se entrega todo el proyecto nuevamente a las empresas chinas, siendo prohibido comunicarse con los verdaderos contratistas y proveedores”, dijo.

El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que se inició un proceso ante el Ministerio Público, en contra de la empresa China National Electrics Import and Export Corporation, argumentando, que habría asumido otro tipo de funciones, además de emitir las boletas de garantía para el proyecto.

Explicó en esa oportunidad que a partir de una auditoría, que habría contratado Enabol, es que se pudo detectar el manejo de recursos económicos del proyecto, por parte de la empresa china.

La supervisión técnica del proyecto, la realizó la empresa Korean Register of Shipping (KR), una de las mejores a nivel mundial, como lo señala su portal en la web (Korean Register of Shipping (KR), siendo que Corea es la que fabrica los mejores barcos y es miembro del círculo exclusivo de las mejores certificadoras y supervisoras de calidad del mundo.

RECEPCIÓN PROVISIONAL

Fueron los oficiales y técnicos que fueron capacitados, los llamados a realizar la recepción provisional de los bienes, en el sitio de construcción (astillero en China) y que son los que conocen la situación del proyecto, ya que pasaron un periodo de capacitación, sobre los barcos, sus materiales, sistemas, funcionamiento y mantenimiento.

En ese marco Hur expresó que si existiese un defecto en los bienes, estos deberían ser corregidos de manera inmediata en el sitio de construcción, en dónde se hizo la entrega provisional, siendo que en el sitio de entrega definitiva, no se tiene la forma, ni capacidades técnicas, materiales, ni herramientas necesarias para corregir algún defecto observado por el comprador, en la construcción de las barcazas o los empujadores.

VIAJES DE INSPECCIÓN

Carlos Hur indicó que en varias oportunidades, comisiones conformadas por varios ministerios, realizaron viajes de inspección a los astilleros, entre ellos la

PGE, Enabol, el Ministerio de Defensa, este último en varias ocasiones y en una oportunidad enviaron incluso a su director jurídico, “gastando miles de dólares en pasajes, viáticos y en abogados que no solucionaron nada”.

LINERA

En agosto de 2014, el ex jefe policial boliviano, Fabricio Ormachea, detenido por el FBI reveló que el exvicepresidente Álvaro García ordenó excluir de la investigación al exministro de Defensa Rubén Saavedra, sospechoso de haber desviado 300.000 dólares a cuentas personales en España.

En ese marco, el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistévan, manifestó a EL DIARIO que llama la atención que el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) haya decidido comprar las barcazas y los empujadores chinos, sin contar previamente con la infraestructura caminera ni portuaria apropiada como silos de almacenaje, espacio suficiente para el flujo ininterrumpido de carga y descarga de un convoy de barcazas del Estado boliviano, más las de otros países.

“Este hecho tiene aristas de orden legal, político y económico que conlleva a la comisión de una serie de delitos contra el Estado y contra las aspiraciones nacionales que deben ser investigadas por parte de la Procuraduría y otras instituciones de defensa de los intereses del Estado, y debe llegar a todos los niveles de campo político, empezando desde el exministro de defensa Rubén Saavedra, algunos exjefes militares que no transparentaron el hecho ilícito y hasta Evo Morales”, apuntó.

Aseguró que el caso de las barcazas chinas es una confabulación de un pequeño grupo de poder empresarial nacional, en contubernio con extranjeros, que evitaron la ampliación de los puertos en el sudeste boliviano, para las exportaciones por los ríos Paraguay y Paraná.

APUNTES

El 14 de octubre del 2009, Enabol firmó el contrato DAJ N° 4/2009 con la empresa coreana Yeunsoo Shipbulding CO. LTD., representada por Yong Sik, para la construcción de dos empujadores, por la suma de 11.500,00 dólares, monto que debía cancelarse en un 100 por ciento al inicio de la obra, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

El 11 de noviembre del 2009, se firmó con la empresa Seah B&K Duck Sung (Sociedad Accidental), el contrato DAJ N° 06/2009, por 14.400, 00 dólares, para la construcción de 16 barcazas.

El 10 y 11 de diciembre de 2009, Enabol firmó la adenda, DAJ 08/2009 y 07/2009, para dar una prórroga, para la presentación de boletas de garantía, para la construcción de 16 barcazas y 2 empujadores.

En diciembre de 2009 se subrogan los dos contratos para incluir a la empresa GMB Inc. para que se haga cargo de la adquisición de dos empujadores y 16 barcazas, empresa representada por Kwak Chong Ho. Mediante informe legal de Enabol DAJ 04/2010, la dirección de asuntos jurídicos, establece la vialidad jurídica para subrogar los contratos, DAJ 0047/2009 y el adendum DAJ 007/2009.

El 31 de marzo de 2010 se suscribe otro contrato con la misma empresa para el transporte de las 16 barcazas y 2 empujadores hasta puerto Rosario-Argentina, por un monto de 3 millones de dólares. El 17 de septiembre se anula el contrato, porque la empresa no cumplió con la presentación de la boletas de garantía.

En octubre de 2010 se modifican los contratos, ampliando el plazo de entrega de los empujadores y las barcazas, hasta el 20 y 30 de enero de 2011.

El 22 de febrero del 2011 se suscribe un nuevo contrato modificatorio (DAJ 02/2011), con la empresa GMB Inc., ampliando el término de entrega para el 30 de junio de 2011.

El 14 de octubre del 2011, se modifica nuevamente el contrato (DAJ 08/2011), para establecer la entrega de las barcazas y los empujadores para el 27 de noviembre del mismo año.

Los dos últimos contratos modificatorios son suscritos, cuando las boletas de garantía ya estaban vencidas.

El 9 de marzo de 2011, se suscribe un nuevo contrato con los representantes de la empresa coreana para realizar el transporte de las 16 barcazas y los 2 empujadores, por un monto de 3 millones de dólares.

Posteriormente se firma un contrato en la embajada boliviana en Beijing, para la construcción de 8 barcazas extras, por la suma de 10 millones de dólares.

En diciembre de 2012, el jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Defensa Cristóbal Torrico responsabiliza a la jefa del Departamento de Operaciones Cambiarias y Convenios del BCB Leddy Vargas y el gerente de Operaciones Internacionales David Espinoza “por haber ocasionado que el Estado no renovara a tiempo las boletas de garantía, impidiendo así el respaldo de la compra de las 18 naves”.

El 7 de febrero de 2013, un informe de auditoría interna del Ministerio de Defensa identifica a por los menos 13 personas, entre funcionarios y ciudadanos extranjeros, como responsables de las irregularidades en el proceso de adquisición de 16 barcazas y dos empujadores.

El abogado del exgerente de Enabol solicitó la ampliación de la querella al exministro de Defensa Rubén Saavedra y presentó una denuncia contra la autoridad por “uso indebido de influencias”.

En marzo de 2014, un tribunal chino dispone el remate de las 16 barcazas a favor de GMB que reclamaba 15 millones de dólares por costos de almacenaje, pero el Estado boliviano logró suspender el remate.

MSR adeuda al astillero DSSC una millonaria suma por alquileres de depósito y construcción de las barcazas que supera los 3 millones de dólares, bienes en riesgo de remate porque MSR se declaró en quiebra.

El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el procurador general, Héctor Arce, informaron que el tribunal chino los notificó para una audiencia de conciliación de las barcazas.