Montaje del caso terrorismo llevará a Morales a estrados internacionales

Los abogados de las víctimas de los casos terrorismo I y II expresaron a EL DIARIO que paralelamente al inicio civil para el resarcimiento de daños ocasionados por la persecución judicial y las 20 peticiones entre individuales y colectivas por violaciones a Derechos Humanos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no descartan un proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que es la competente para conocer delitos de lesa humanidad.

El abogado Gary Prado manifestó que una vez que se obtenga la sentencia ejecutoriada de los casos terrorismo I y II, que estima sea los últimos días de octubre, corresponde iniciar acciones legales para una reparación del daño civil, tomando en cuenta el tiempo que estuvieron en prisión, privados del derecho al trabajo, la familia, etc. Aclaró que el proceso se la hará por la vía civil y contra el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía.

El artículo 95 de Código Penal señala que: “Toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuere declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio. La indemnización la hará el acusador o denunciante, o el juez si dolosamente o por ignorancia o negligencia hubiere cooperado a la injusticia del juicio. Si el juicio se hubiere seguido de oficio o por acusación fiscal o por intervención de cualquier otro funcionario público, la indemnización se hará por el juez, fiscal y funcionarios que hubieren causado u ocasionado o cooperado en el juicio dolosa o culposamente”.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que al cerrarse los casos, los involucrados tienen posibilidad de iniciar acciones contra el Estado boliviano en estrados internacionales con el fin de pedir el resarcimiento de daños por la injusta acusación y detención.

En criterio de Murillo, el Estado perderá en un eventual juicio, pues no pudo comprobar, hasta la fecha, que hubo terrorismo y, por lo tanto, tendrá que resarcir el daño causado a las personas involucradas en el caso.

“Ante ello, el Estado plateará una repetición para que los responsables que mandaron a matar, los que usaron policías para matar, torturar tengan que pagar por los daños que han hecho a esa gente”, dijo Murillo.

CIERRE DE

LOS CASOS

Prado recordó que en febrero pasado el Gobierno anuló el caso terrorismo I y luego de que el Ministerio Público retirara las denuncias respectivas, los acusados fueron absueltos de los cargos y que en el caso terrorismo II la sentencia ejecutoriada podría efectivizarse en octubre próximo.

“El caso terrorismo II no se ha cerrado formalmente, se iniciaron procesos, el Ministro de Gobierno ha remitido al Tribunal Quinto de Sentencia su retiro de acusación particular, el fiscal departamental de La Paz ha autorizado al fiscal del caso, Elsner Cruz, que retire la acusación fiscal. Ambos retiros tienen que constar en el Tribunal y este debe dictar una sentencia absolutoria como el caso del terrorismo I. Una vez que esa sentencia esté ejecutoriada se podría decir que se cerró el caso porque al no haber denunciantes no hay motivo de juicio y por tanto se absuelve a las personas”, explicó.

CIDH

El jurista apuntó que en la CIDH existen de 15 a 20 peticiones entre individuales y colectivas por violaciones a Derechos Humanos, mismas que demorarán en tener una respuesta.

“Las denuncias en la CIDH son muy largos, hay algunas que iniciaron en 2010 y hasta ahora no fueron formalmente admitidas, además hay una etapa de conciliación con el Estado y si no hay un acuerdo entre las partes hay un juicio internacional”, apuntó.

Por otro lado, el abogado Eusebio Vera, representante legal de la Asociación de Víctimas del gobierno de Evo Morales en la que se encuentran Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Alejandro Melgar y otros implicados en el caso terrorismo, manifestó que paralelamente a un proceso de reparación de daños no descartan iniciar procesos en la vía penal contra los que intervinieron en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2019.

“Ya hay denuncias en la CIDH y en el parlamento Europeo en relación a la ejecución extrajudicial de los dos europeos, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer, que siguen su curso. Está comprobado que acá ocurrió una ejecución extrajudicial y por eso corresponde una investigación en la vía judicial internacional. Una vez que se haga el análisis correspondiente a qué tribunal puede ser más competente y efectivo activaremos el proceso”, apuntó.

Aclaró que la CIDH no tiene un carácter coercitivo sino cautelar, por ello quizá podría activarse un proceso ante la Corte Penal Internacional de La Haya que es competente para conocer delitos de lesa humanidad, como los del caso terrorismo.

PROCESOS A

EXAUTORIDADES

Por otro lado, Prado manifestó que la investigación a la denuncia presentada en febrero pasado contra los exministros de Gobierno, Carlos Romero, Jorge Pérez y Hugo Moldiz, por haber financiado viajes y viáticos de las jueces ciudadanas, está próxima a concluir, por lo que espera que hasta fin de año las exautoridades sean cauteladas.

El miércoles, el ministro Murillo presentó en la Fiscalía de Santa Cruz una denuncia penal en contra del expresidente Evo Morales, los hermanos Álvaro y Raúl García Linera, seis exministros de Estado, exjefes policiales y otros, por “inventar” los casos terrorismo I y II para perseguir a la oposición cruceña.

En ese marco, Prado dijo que en el caso hay responsables intelectuales y materiales de los tres asesinatos del hotel Las Américas y de las ilegales torturas y aprehensiones que se cometieron contra Elod Tóásó y Mario Tadic.

“Lo que se cometió es flagrante, no creo que haya fiscal que se anime a desestimar la denuncia porque las mismas pruebas que usó el exfiscal Marcelo Sosa para armar el caso devela que lo que ocurrió ahí fue una matanza, porque la teoría es una cosa y lo que demuestran los datos recogidos en las habitaciones del hotel y las autopsias demuestran otras cosas. Ellos pretendían que nadie lo note, pero cometieron errores tan grandes como las autopsias que demuestran que a Rósza se lo mató con un tiro en la sien mientras estaba arrodillado y cuando estaba muerto le metieron tres tiros al cadáver que traspasaron el piso y que la trayectoria de los disparos lo hizo un hombre de pie sobre el cadáver. Las pericias balísticas dicen que les pusieron explosivos a las puertas y las volaron para ingresar, entonces ¿cómo es que según ellos cuando estaban llegando al cuarto piso del hotel los recibieron a tiros?, ¿Si fue así para qué volaron las puertas?, no hay un solo proyectil que demuestre que Rósza y Dwyer hicieron uso de armas de fuego que supuestamente encontraron en sus cuartos. Hay bastantes datos en contra de la teoría de la Fiscalía que por el peso político que el Ministerio de Gobierno ejercía sobre el Tribunal, fiscales, etc. se obviaban”, apuntó.

En ese marco, refirió que todos esos datos que se acumularon servirán para encausarlos, ya que hay videos donde se evidencia que en el caso la instrucción la dio el entonces presidente Evo Morales y fue ejecutado por el Vicepresidente, Ministro de Gobierno, Comandante Policial, jefe de Inteligencia y efectivos de la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (Utarc).