"Sin un proceso inclusivo" previo
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó que la pandemia de coronavirus "se ha sumado a otras emergencias preexistentes"
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuestionó los pasos dados por las instituciones de Venezuela para la organización de elecciones parlamentarias, "sin un proceso inclusivo de consulta previa", y ha abogado por trabajar para que haya comicios "creíbles" y "libres".
A Bachelet le "preocupan", entre otras cuestionas, el cese de la cúpula de varios partidos opositores y el nombramiento "no consensuado" de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como los pasos dados por este órgano para modificar cuestiones organizativas de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
En concreto, ha cuestionado los cambios en el mecanismo de selección de representantes indígenas, las modificaciones del sistema electoral y la reforma de la propia Asamblea, un órgano que hasta ahora estaba controlado por la oposición y encabezado por Juan Guaidó, que en enero de 2019 se autoproclamó 'presidente encargado' del país.
"Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos", dijo Bachelet en un mensaje ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La expresidenta chilena, que ha criticado en varias ocasiones el recorte de libertades y derechos en Venezuela, ha llamado a las autoridades locales a "seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos".
ALGUNOS AVANCES
La jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado que, como ya dijo a mediados de mes, el Gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido pasos "positivos", entre ellos el indulto de más de un centenar de condenados y la promesa de una "mayor cooperación" con su oficina.
Considera igualmente "positivas" la detención de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) por la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto, en un caso donde se habrían manipulado pruebas para fingir un enfrentamiento, y que el Ministerio Público haya notificado la imputación de unos 70 miembros de este cuerpo en distintas zonas del país.
Sin embargo, la ONU siguió documentando casos de represión de movilizaciones pacíficas en virtud del estado de alarma decretado en marzo, "incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina".
Además, también ha constatado "restricciones a la libertad de expresión". "Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de Derechos Humanos y agresiones y detenciones de periodistas", ha planteado Bachelet.
A la lista de preocupaciones se suman "los altos números de muertes en jóvenes en barrios marginados" en operaciones de seguridad. La oficina ha registrado 711 muertes solo entre junio y agosto y más de 2.000 desde principios de año.
PANDEMIA
La Alta Comisionada ha destacado avances en la atención a los migrantes venezolanos retornados y al mismo tiempo ha expresado su preocupación por el "discurso estigmatizador" de algunas autoridades que acusan a estas personas de introducir la Covid-19 en Venezuela. El propio Maduro ha culpado de propagar el virus a quienes regresan de forma clandestina.
En relación a la pandemia, Bachelet ha aplaudido la adopción de protocolos en centros de detención, pero ha llamado a mejorar "sustancialmente" las condiciones de salud general, el acceso a agua, alimentos y medicamentos y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados de estos presos, así como a "explorar medidas alternativas a la privación de libertad".
Bachelet subrayó que la crisis sanitaria "se ha sumado a otras emergencias preexistentes" en Venezuela, como por ejemplo la alimentaria. Caritas calcula que, en julio, la tasa de desnutrición aguda infantil era ya del 15 por ciento y alertó de un aumento de las personas que requieren ayuda alimentaria.
Por otra parte, Bachelet ha expresado su preocupación por las consecuencias que las nuevas sanciones a las exportaciones de diesel puedan tener para la "ya crítica escasez de gasolina" y para el reparto de ayuda humanitaria y otros bienes esenciales. "Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia", apostilló.
RESPUESTA VENEZOLANA
El Gobierno venezolano ha cuestionado el informe de Bachelet por boca de su embajador ante el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero, que lo ha calificado de parcial, según la agencia Sputnik. "Presenta evidentes fallas metodológicas y una información sesgada que alimenta la campaña mediática contra Venezuela", sentenció.
Valero afirmó que Caracas está dispuesta a entablar un intercambio "constructivo" de información con la agencia y que ofrece el "pleno apoyo" a la delegación que la Alta Comisionada tiene en la capital venezolana. Ha puntualizado, no obstante, que esta relación debe basarse "en la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados". (Europa Press)
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