Crónicas del narcotráfico
> De 2014 a 2019, sin contar los datos del 2017, el expresidente liberó a 4.695 narcos que estuvieron presos porque la policía los pescó con las manos en la droga
Por Amalia Pando
Evo Morales puso a su gobierno al servicio del narcotráfico. Falta definir si llegó a convertir al Estado boliviano en un narco-Estado. La primera disposición adoptada en materia de “lucha contra el narcotráfico” fue la expulsión de la DEA, en 2008.
Pero, lo más significativo fue la ampliación de los cultivos legales de coca de 12 mil a 22 mil hectáreas. De este modo a partir de marzo de 2017, las 7.700 hectáreas de hoja de coca del Chapare se convirtieron en legales. Los narcos aseguraron su provisión de materia prima.
El director de Penitenciarías coronel José Dulfredo García, dio cifras sobre los indultos decretados por Morales desde el 2014 hasta el 2019, sin contar los datos del 2017, Morales liberó en esos 5 años a 4.695 narcos que estuvieron presos porque la policía los pescó con las manos en la droga. El 85 % de los indultos beneficiaron a los narcos.
Además de los indultos, el narcotráfico contó con un aparato judicial, nombrado y controlado por el partido de Morales, que le dio impunidad. A modo de ejemplos van los siguientes casos:
UN AMIGO DEL
MINISTRO
El 3 de noviembre de 2017 finalmente fue detenido por narcotráfico Pablo Ramos Lima, el Presidente del Club Real América, amigazo del exministro de gobierno Carlos Romero, quien negó haber sido padrino de su matrimonio, aunque, observando las fotografías, no hay duda que disfrutó de la fiesta. En diciembre, un mes después de su arresto, ya había salido de Palmasola.
PADRE E HIJO
Narcos del calibre de los Navia no pasaron más de cuatro años en prisión. Los Navia, padre e hijo fueron policías: el padre, coronel René Navia Arancibia y el hijo, teniente René Navia Gorena, quien resultó aumentado y corregido.
Pesan 11 procesos en su contra, según recuento periodístico, desde narcotráfico hasta asesinato. Se acusó al teniente René Navia Gorena de haber mandado a matar al abogado de sus suegros, Denver Pedraza, en el propio Palacio de Justicia de Santa Cruz. A pesar de los 5 disparos recibidos, Pedraza logró sobrevivir para identificar al autor intelectual de su agresión.
Desde el año 2014, los Navia gozan de libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario. Montaron en Santa Cruz una venta a crédito de vehículos de lujo que les dio una buena fachada para actividades más lucrativas, vinculadas a los exjefes policiales que el año pasado también cayeron por narcotráfico, Gonzalo Medina y Fernando Moreira.
En mayo de este año, René Navia fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por infringir restricciones de circulación bajo la cuarentena, pero no hay registro de que lo hubieran regresado a la cárcel de Palmasola. El proceso judicial contra padre e hijo está estancado.
SANABRIA Y EL CARTEL
DE LAS ESTRELLAS
Los anteriores no fueron los únicos policías metidos en el narcotráfico. Un militar, el general Germán Cardona Álvarez, denunció en 2015 que Evo Morales había formado el “Cartel de las Estrellas” con policías y militares, tal como en Venezuela opera el Cartel de los Soles.
Cuando Evo Morales cumplía sus primeros 4 años de gestión, el general René Sanabria cayó con droga en Panamá. Un año antes había sido el zar antidrogas de Bolivia. Tras dos años en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) pasó a ser Jefe de Inteligencia para la lucha contra el narcotráfico. Tenía su oficina en el propio Ministerio de Gobierno, al lado del exministro Sacha Llorentti. Y, a este general del régimen, lo detuvieron con 144 kilos de cocaína. Fue llevado a la Florida, Estados Unidos y condenado a 14 años de prisión.
El efecto Sanabria obligó al gobierno de Morales a fingir una investigación contra otros 13 policías que un par de años después fueron reincorporados a la Institución y ascendidos. En ese período, el comandante de la Policía, general Óscar Nina, terminó en Palmasola, al igual que su hijo, el teniente Óscar Hugo Nina. Nunca se esclareció si Nina y Sanabria formaron parte de un mismo clan. Tampoco se investigó si el general Nina estuvo vinculado a los Navia, tal como denunciaron unos policías detenidos por la Ley 1008.
MÁS NARCOS
Y POLICÍAS
En los últimos meses de la gestión de Evo Morales y de su ministro Carlos Romero, en Santa Cruz se descubrió una estructura policial controlada completamente por el cartel de Pedro Montenegro Paz. Una estructura que se mantuvo por instrucción expresa del propio exministro Romero. El coronel Gonzalo Medina Sánchez y el capitán Fernando Moreira Morón y varios otros como Kurt Brun, fueron puestos en evidencia por otro policía, el coronel Rómulo Mercado, quien fue destituido en el acto por instrucción de Romero.
Las publicitadas grabaciones y fotografías evidenciaron que Montenegro Paz actuó con el descaro que da la impunidad. Estuvo protegido por el Ministerio de Gobierno, por los exjefes policiales Medina y Moreira y un séquito de jueces, vocales y magistrados que a cambio de sus servicios disfrutaron de la vida loca.
Hicieron fiestas interminables. Pasaron vacaciones en las asoleadas playas de Cartagena y las Bahamas. Estuvieron residenciados en lujosas mansiones de narcos. Una magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia hizo videos de campaña en la misma casa del capo del narcotráfico. Y, aunque parece inventado, la policía de Santa Cruz condecoró en dos distintas ocasiones al propio Pedro Montenegro Paz.
Este cartel y el de los Navia tuvo un miembro en común: David Paz Tufiño quien estuvo preso un par de años por narcotráfico junto a su esposa Esther Arteaga Carrasco, más conocida como Guiguí.
Cuando se detuvo al capitán Moreira se constató que vivía en la casa del narco Paz Tufiño y con la que era su esposa, Guigui. Ella se había divorciado del narco y se había casado con el policía investigador de su caso. Pero ella se mantuvo leal a su rentable negocio. Pasó los Carnavales de 2019 en Cartagena de Indias, como una reina, con todo pago, gentileza de Montenegro Paz.
EL NARCO DE
MONTE POLLINO
El excanciller Diego Pary encubrió a Pedro Montenegro Paz. Negó a la prensa que Brasil estuviera tramitando nuevamente la extradición de Montenegro Paz, mientras tenía en su escritorio tres pedidos sin responder de esa embajada.
Y no solo Pary. Lo protegió todo el gobierno. Tras 28 días de supuesta persecución, se entregó, el 11 de mayo de 2019. Quería evitar su extradición y casi lo logró. Lo procesaron por uso de documento falsificado con una sentencia máxima de 6 años.
Pedro Montenegro Paz es un pez gordo del narcotráfico. El 2013 cayó en Sao Paulo, Brasil, traficando 1,3 toneladas de cocaína. La cantidad también le pone peso al traficante. Se fugó y se instaló en Santa Cruz.
En 2015, Brasil concluyó el trámite de extradición con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Un juez de familia de Cotoca, Federico Jiménez Rua, cambió el texto de la sentencia y lo liberó y el sello rojo de la interpol se volvió azul.
Mientras tanto, Montenegro se puso a la cabeza de la exportación de cocaína a Europa con destino al cartel Monte Pollino, del grupo Ndrangheta, de los calabreses, que controla el 80 % del millonario negocio de la droga en ese continente.
Junto al colombiano Enrique Villarroel y a la ecuatoriana Patricia Granizo, instalaron en Santa Cruz un aserradero que camuflaba la droga en madera exportable. La carga salía hacia el puerto brasilero de Santos y de allí a Bélgica.
Les iba muy bien hasta que el operativo “Bongustaio” de la policía italiana comenzó a dar frutos. En coordinación con sus similares de Bélgica y Brasil arremetieron contra el cartel Monte Pollino, realizando una docena de detenciones en Europa y Brasil. La mala hora de Montenegro Paz fue parte de este operativo. De Bélgica, por ejemplo, vino el pedido de intervención al aserradero antes mencionado.
En nuestro país de tantos implicados solo los dos exjefes policiales Medina y Moreira se mantienen detenidos. A Villarroel y Granizo, los del aserradero, se les dio tiempo para que salieran del país. Y los jueces y vocales involucrados continúan en sus cargos. La lista de autoridades judiciales involucradas con Montenegro es la siguiente: Magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado. Magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Joyce Lizeth Choquerive Sosa. Vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas Vargas. Representante de Beni ante el Consejo de la Magistratura, Marivel Belén Laguna, Juez de familia, Federico Jiménez Rua. Juez de Sentencia, Juan José Paniagua.
Medina y Moreira permanecen con detención preventiva y se tuvo que esperar hasta que cayera el régimen de Morales para extraditar a Montenegro al Brasil.
Queda por indagar qué tipo de vínculo o coparticipación existió entre este cartel y el gobierno anterior, en particular con Carlos Romero.
A modo de adelanto a esta indispensable investigación, el jefe nacional de la Interpol, Jorge Campos en declaraciones a El Deber el 12 de enero pasado, dijo que en abril de 2019 el exministro Romero convocó a una reunión secreta en Conaltid en la que indagó sobre quién había filtrado las fotografías de Montenegro y Moreira en Cartagena.
También relató que el Comandante de la Policía, Yuri Calderón, le pidió que limitara la información sobre Montenegro porque “el ministro se molestaba”. También se molestaba si los investigadores establecían alguna relación entre Montenegro y los hermanos Mojíca, uno del MAS. Eran vecinos y tenían una estrecha relación, según Campos.
Alpacino Mojíca está detenido actualmente por su participación en el ataque armado del 30 de octubre en Montero contra la resistencia cívica al fraude electoral, ataque que dejó dos muertos.
El 14 de enero, Romero fue detenido. Un periodista español descubrió su guarida. Inmediatamente, por orden fiscal, la policía procedió a su aprehensión. La misma policía que él dirigió por tantos años, la que contaminó con el narcotráfico, la misma que se le amotinó un 8 de noviembre y que 2 días después festejó la renuncia de Evo Morales. (Cabildeo Digital)