Diputado Tomas Monasterio
La Ley 026 establece que el los candidatos o cualquier representante de partidos políticos están prohibidos de difundir resultados de encuestas, y la penalización es la anulación de la personería jurídica e inhabilitación de toda la plancha de candidatos
A tiempo de informar sobre su notificación como parte interesada en el caso de la inhabilitación de la personería jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado por Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio, lamentó que el órgano electoral muestre una supuesta parcialización a favor del ex partido en función de gobierno, sin embargo manifestó su optimismo por un fallo favorable.
El parlamentario señaló que su presencia en la audiencia que determine el futuro del MAS en el presente proceso electoral, fue confirmada con la notificación respectiva, así mismo manifestó su optimismo por que la resolución sea favorable y se logre hacer que el partido de evo morales pierda su personería jurídica.
“Tengo la plena certeza de que el fallo va ser favorable a la acción presentada y obviamente el Tribunal Electoral se verá en la obligación de llevar adelante una sanción inmediata contra el Movimiento al Socialismo” refirió.
Monasterio sostuvo que la retardación en el tratamiento de la perdida de personalidad jurídica por parte órgano electoral, en contra del partido liderado por Evo Morales, lleva a sospechar que existiera algún tipo de favoritismo o parcialización hacia esta agrupación política, principal responsable del fraude electoral en las elecciones anuladas en octubre del año pasado.
“Lamentamos que nuevamente el Tribunal Electoral evidencie una parcialización a favor del Movimiento al Socialismo y se busque recurrir a artimañas bajas y asquerosas” expreso el legislador ante medios de comunicación desde la ciudad de Santa Cruz.
La ley 026 establece que el los candidatos o representantes de partidos políticos están prohibidos de difundir resultados de encuestas, y la penalización a quienes vulneren estas disposiciones es la anulación de la personería jurídica y la inhabilitación de toda la plancha de candidatos de la agrupación política infractora.