Militar en servicio pasivo advierte
> El miércoles, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó a la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa que se solicitó el Plan de Operaciones, a través de la autoridad jurisdiccional, quien dispuso el levantamiento del secreto militar y ordenó la remisión del documento
Tras la exigencia de la Fiscalía de conocer el Plan de Operaciones de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Senkata, Sacaba y Yapacaní, que implica levantar el secreto militar, el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistévan, en contacto con EL DIARIO, advirtió que si esa información se filtra a la opinión pública, los responsables son pasibles a un proceso penal.
Explicó que son dos los motivos fundamentales por el que las FFAA se amparen en el secreto militar, uno primero referido a evitar que documentos como planes de operaciones caigan en manos no autorizadas y el segundo porque forman parte de la seguridad del Estado.
Aclaró que amparados en la misión constitucional establecida en el artículo 244 de la Constitución Política del Estado (CPE) es que las FFAA garantizan la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y, además, tienen la obligación de conservar la seguridad y estabilidad del Estado y por ello elaboran y ejecutan planes de operaciones, que contienen una serie de disposiciones para el empleo de los medios humanos y materiales en pro de la seguridad y estabilidad del Gobierno.
“De acuerdo con el artículo 245 de la CPE, las FFAA están organizadas y sujetas a las leyes y reglamentos militares, nada hacen por su cuenta, todo está en base a la necesidad del Estado y a una orden o disposición gubernamental. El artículo 246 de la CPE establece que las FFAA dependen y reciben órdenes del presidente del Estado, entre ellas el empleo de las fuerzas tanto para la seguridad interna como externa”, apuntó.
En ese marco, dijo que la Fiscalía debe hacer investigaciones empezando por quien emitió la orden de empleo de las FFAA para luego terminar en responsabilidades de orden subalterno.
“Ellos tienen que elaborar planes de protección y defensa de los servicios públicos esenciales, por ello realizaron las actividades en la Planta de Senkata, Yapacaní y Sacaba. De acuerdo con el artículo 9, numeral 2 de la CPE, se establece garantizar el bienestar, el desarrollo y la seguridad de las personas”, apuntó.
Santiestévan aseveró que el Ministerio Público debió empezar la investigación por los grupos delincuenciales organizados que destruyeron los bienes del Estado y cometieron actos terroristas de manera abierta.
“¿Por qué no empiezan investigando a quienes atentaron contra la seguridad del Estado, a quienes se organizaron para destruir los bienes del Estado y para organizar actos terroristas conforme al artículo 125, parágrafos I y II y que con sus actos causaron dolor, luto. Cuál es el secreto que ellos no quieren levantar hacia esas personas, no quieren identificar a los responsables de haber organizado esos actos terroristas. No quieren saber quiénes organizaron y financiaron esos actos terroristas. No quieren detener e imputar a altos niveles políticos del anterior Gobierno? ¿Quieren distraer la atención y eximir de responsabilidades a los principales responsables como Evo Morales, Juan Quintana y quieren ocuparse de las FFAA y olvidarse de esos delincuentes?”, cuestionó.
El miércoles, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó a la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa, que se solicitó el Plan de Operaciones a través de la autoridad jurisdiccional, quien dispuso el levantamiento del secreto militar y ordenó la remisión del documento.
En ese marco, el coronel en retiro dijo que aguarda que las FFAA remitan el Plan que ejecutaron, durante los meses de octubre y noviembre de 2019, para esclarecer y dar con los responsables materiales e intelectuales de las muertes y heridos durante ese periodo, a consecuencia de impactos de armas de fuego.