La sociedad de la comodidad

No nos preocupa que el país este mal, sino nuestra incomodidad. El boliviano en general y entre estos sus servidores públicos huyen de lo que les incomoda. En el fondo, por ejemplo, la “delegación de competencias” del Tribunal Supremo Electoral al Tribunal Constitucional, para que este asuma los designios sobre la candidatura del caudillo o la eliminación de su sigla política, es una cuestión de comodidad solapada en el procedimiento de la legalidad constitucional. Una sentencia constitucional evitará muchos problemas e incomodidades a los miembros del Órgano Electoral. Las sentencias que sean emitidas sobre esas cuestiones les darán seguridad jurídica y librarán de responsabilidades judiciales; les zafarán del pago de la emisión de sus facturas políticas y de explicaciones a una sociedad enardecida; aunque supongo que no pensaron en el ejercicio real de sus obligaciones y atribuciones que asumieron incluso bajo juramento. No, lo que en realidad pensaron y luego adoptaron fue aquella opción que les da comodidad jurídica; tema que debería ser el gran concepto a explorar por los juristas bolivianos, ya que nuestro medio es el prototipo ideal para su estudio, adelantándonos a otros países; y es que nuestra sociedad se encuentra escorada hacia la irresponsabilidad, en el que el designio de este Estado está en ser la fuente de distintas clases de bonos, de condonación de impuestos a choferes, de distintas subvenciones y derechos; pero nunca de obligaciones, es decir, comodidad jurídica.

Para nadie es un secreto que los medios de comunicación estatales y varios privados adscritos a los anteriores 14 años; presentaron noticias maravillosas o la cara maravillosa de la noticia; buscando generar fe ciega, confianza en el ciudadano y, por lo tanto, evitar cualquier tipo de crítica o reclamos al gobierno que tanto le incomodan. Estos medios se configuraron como un servicio público de primera necesidad, y por talla financiación con dineros del Estado se convirtió prioritaria, incluso antes que la salud pública; insuflándose en el principio constitucional del “suma qamaña”, necesario para vivir bien en un mundo feliz. Así pues, estoy seguro que muchos políticos cerrarían la Universidad, antes que la televisión que los convierte en héroes y paladines; lo que resulta más que lógico en una sociedad en la que nadie está conforme con su cuerpo, pero todo el mundo más que satisfecho con su inteligencia.

La propia educación de nuestros hijos está en la búsqueda de su máxima comodidad; se prescinde de la disciplina porque esto les altera e incomoda; el corregir a un joven, así sea suavemente, es ejercer violencia psicológica o cuanto menos ofenderlo. Se ha renunciado a ejercer la autoridad, porque el Código de Familia confiere a los padres la patria potestad, y por culpa de esa renuncia se ha eliminado la autoridad de maestros y educadores.

En ese orden de cosas, no es para nada sorprendente que se ahogue económicamente a la prensa libre e independiente; que se reprima a los jueces probos, premiando con cargos de magistrados a abogados que no tienen más mérito que el ser serviles a su jefe político; que los políticos estén resguardados en el blindaje de las inmunidades del poder; y que las propuestas electorales ofrezcan una alternativa ficticia.

Y al final, olvidamos que los fascismos contaron con el importante y necesario apoyo social, especialmente de aquellos que accedieron a la función pública, quienes encontraron seguridad y comodidad dentro de las políticas que se desarrollaron. Si los políticos prescindieran por un día de su corte de asesores, jefes de gabinete, jefes de prensa, escoltas, banda municipal y de sus zalameros incondicionales; y, por el contrario, escucharan lo que se dice en lo profundo de los mercados, en el corrillo de las oficinas públicas; quizá descubrieran lo incomoda que está mucha gente con ellos y con su política; sin embargo, sabemos que eso les generaría hasta urticaria por tanta incomodidad.

Juan Lixmar Zoto PhD. Doctor en Derecho

Administrativo.