Necesidad de retomar la institucionalidad

Hace pocos días, en una dependencia del Ministerio de Obras Públicas se decidió tomar exámenes y pruebas de suficiencia a todos los funcionarios con la finalidad de retomar la institucionalidad y evitar, con esta medida y futuros comportamientos, las designaciones “a dedo”, ignorando la institucionalidad que el gobierno totalitario fenecido en noviembre pasado había ejercitado sin tomar en cuenta méritos, idoneidad y capacidad profesional de quienes ocuparon los cargos en esas y otras dependencias.

La medida, plausible en todo sentido, muestra que existe la intención firme en el gobierno de hacer que la institucionalidad retorne y que no haya funcionario que no haya rendido pruebas de suficiencia y exámenes muy estrictos para tener el derecho de ocupar un cargo, del rango que sea, en las diversas dependencias del gobierno y de instituciones autónomas y autárquicas, alcaldías y gobernaciones sin excepción alguna.

La vigencia de la institucionalidad es el funcionamiento legal de toda actividad, cuyos actos deben estar enmarcados en reglas o normas establecidas para que todo sea correcto, encaminado por la transparencia y dentro de marcos de honestidad y honradez; lo contrario es, simplemente, ocupar funciones debido a los deméritos que son la recomendación, el compadrerío, la coima y otros procedimientos dolosos a los que ningún funcionario público o privado debe prestarse.

El modo correcto para el funcionamiento de la institucionalidad radica en que las designaciones o nombramientos deben ser efectuados enmarcados en las leyes y de acuerdo con méritos, condiciones profesionales, capacidad para cumplir con las funciones encomendadas y otras condiciones o reglas de cada entidad. La institucionalidad es, sobre todo, el cumplimiento de la CPE y de las leyes que se debe aplicar a cada persona aspirante al servicio público o privado y, finalmente, su acatamiento es honrar al país.