Juan Bascopé detenido por más de seis años pide justicia

Al promediar las 6.30 horas del 17 de julio de 2014, Juan Bascopé, quien se encontraba en el domicilio de un vecino, ubicado en el municipio Mapiri (La Paz), fue interceptado por Cristian Rojas, quien le exhibió una fotografía y le preguntó si era él, al responder afirmativamente, casi de inmediato llegaron tres vagonetas con civiles y militares, lo condujeron a su casa, donde le entregaron un mandamiento de aprehensión.

Ya en su domicilio, le sacaron fotografías, requisaron todo pero no encontraron nada, aunque él nunca supo lo que buscaban. Tras la requisa lo subieron a una vagoneta de vidrios polarizados, lo llevaron al cantón de Mapiri, a una pista de aterrizaje, donde un civil llamó por teléfono pidiendo un vuelo para su traslado. El helicóptero llegó a las orillas del rio y desde ahí fue trasladado al aeropuerto de El Alto, donde lo esperaba el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, y los medios de comunicación que fueron convocados a una conferencia de prensa.

Tras la conferencia, lo subieron a una vagoneta verde con escolta del coronel Víctor Hugo L. C., jefe del departamento del Centro de Especialización Investigaciones Policial (CEIP), lo único que llevaba consigo era un maletín con su ropa y la orden de aprehensión. En el camino de bajada por la autopista, un coronel lo amenazó: “Vas a hablar a las buenas o a las malas, a quién has matado”. Él respondió que no mató a nadie, luego el coronel llamó a alguien y dijo: “Tengo al cabecilla, vengan a reconocerlo”.

A llegar a las oficinas del CEIP, en la zona de Alto Següencoma de La Paz, estuvo como cinco minutos en el patio, llegaron aproximadamente 25 militares de ropa camuflada, quienes lo golpearon brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Recobró la conciencia y apareció sentado en el sillón de una oficina escoltado por unos uniformados, totalmente golpeado y ensangrentado.

Es allí, donde un capitán de nombre Andrés, le hace firmar varias hojas en blanco, luego lo trasladaron al penal de San Pedro, en la puerta le dieron una pastilla de morfina. El recinto penitenciario estaba cerrado por lo que fue conducido nuevamente al CEIP. En el trayecto de retorno fue intimidado diciendo que su esposa y su hija estaban en el penal de Obrajes. “Están siendo violadas, eso me decían para que me autoincrimine”.

Al promediar las cinco de la tarde, el capitán Andrés entró al lugar donde estaba, le tapó su cara con su gorra y lo subió al gimnasio, donde el investigador del caso, Mauricio Rojas hizo que se ponga de rodillas, le amarraron los pies y le taparon el rostro con una bolsa. “Trataron de matarme, ellos decían que el Viceministro dio la orden de que me maten, volvieron a golpearme tanto que nuevamente quedé inconsciente, ensangrentado completamente al lado de dos escoltas hasta las 19 horas”, relató.

Más tarde, llegaron los fiscales Luis Ferrufino y Gregorio Blanco para tomar su declaración, ambos estaban acompañados por el investigador del caso, Mauricio Rojas, quien transcribió su declaración.

Tras su declaración ordenaron llevarlo a la terraza y escuchó “que se muera de frío ese perro”, él suplicaba para que lo hagan y lo metieron a una celda, donde lo esposaron en una catrera. A las 4 de la mañana llegaron unos 80 militares quienes sacaron armas además de municiones y lo llevaron al aeropuerto de la Fuerza Aérea, donde volvieron a amenazarlo y amedrentarlo.

Ya era viernes (18 de julio de 2014), un nuevo día, y le dijeron que lo estaban llevando al municipio de Apolo. Habían abordado un helicóptero color plateado, le habían puesto un abogado de oficio de nombre Reynaldo, allí, el investigador le hizo firmar otro papel en blanco.

En el helicóptero estaban un coronel de nombre Víctor Hugo, un fiscal, el piloto y copiloto. Ya en vuelo Víctor Hugo le dijo “si usted no me entrega las armas, si usted no habla nada, ahora voy a decir que el piloto pare el vuelo”, y repentinamente le cambió de lugar y le puso a la puerta del helicóptero queriéndole botar en la cumbre, él se puso a llorar y rogar por su vida, se puso a orar e inmediatamente el capitán de vuelo dijo que no había visibilidad, les había tapado una nube negra y espesa por lo que tuvieron que volver a la Fuerza Aérea, ellos se bajaron y a él lo dejaron allí enmanillado.

Posteriormente, fue trasladado al Comando General de la Policía, estaba totalmente ensangrentado, temblando de dolor, sin haber comido, ni bebido un sorbo de agua, luego lo llevaron en unas vagonetas rumbo a Apolo, llegaron allí a la una de la madrugada.

Ya en el lugar, el coronel Víctor Hugo y el investigador, le dijeron que los lleve donde su sobrino que vive en el barrio Caupolicán; así lo hizo, y sin darse cuenta su familiar ya había sido aprehendido y conducido a una camioneta, donde también fue golpeado hasta hacerlo desmayar.

Posteriormente, se trasladaron a la localidad de Miraflores, donde requisaron todo y no encontraron nada, ahí el viceministro Pérez dice “mátenlo a este perro”, y vuelven a golpearlo hasta dejarlo nuevamente inconsciente y ensangrentado.

Lo cambiaron a otra camioneta y volvieron a La Paz, sin comer y sin agua. Cuando llegaron a la tranca de Achacachi, al promediar las 21.00 horas, el viceministro Pérez dijo “dónde está ese perro, bájenlo del auto, mátenlo y bótenlo”, Juan se puso a llorar, creyó que lo matarían y oró con las fuerzas que le quedaban.

Allí le cambiaron de vehículo, ingresó en una vagoneta Land Cruiser de color blanco, donde estaban los investigadores Rommel Álvarez, Mauricio Rojas y en los otros asientos los diablos rojos de Cochabamba, quienes lo golpearon con un fierro diciéndole: “tú has hecho matar a mis camaradas”, ellos fueron quienes le rompieron las costillas y lo torturaron desde la tranca de Achacachi hasta llegar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, donde lo pusieron contra la pared, con un pie levantado. Tampoco dejaron de golpearlo allí.

Ya era 19 de julio de 2014 y le dijeron que se quedaría depositado en la Felcc, le sacaron fotos, huellas y volvieron a hacerle formar hojas en blanco.

Al día siguiente, el domingo 20 de julio de 2014, lo sacaron de las celdas indicándole que tenía audiencia de medidas cautelares. Lo llevaron al juzgado golpeándolo a vista y paciencia de los fiscales.

“La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo con mi persona totalmente golpeada, ensangrentada, con las costillas rotas, la columna destrozada, el ojo tapado, totalmente torturado, sin comer, ni beber agua, en esa audiencia determinan mandarme al penal de San Pedro, donde ingresé el lunes 21 de julio de 2014”, recordó.

El martes 22 de julio, una vez ingresado al centro reclusorio, debido a la gravedad de sus lesiones, el delegado de su sección lo llevó a sanidad donde el doctor Harold Reyes no quiso atenderlo, no le hizo ningún tipo de valoración y a mucha insistencia del delegado le dio unas pastillas.

“Solo me daba pastillas y doloneurobión, me dijo el doctor vas a venir todos los días y solo con pastillas me trataron. Durante 10 meses pedí que me valoraran, pero no me hacían caso hasta que el licenciado de trabajo social le llamó la atención y recién me valoró, me dio una certificación con la que salí el 10 de febrero de 2015 al Hospital de Clínicas, donde no quisieron valorarme por temor al Ministerio de Gobierno. Luego de tanto quejarme me valoraron dos médicos forenses que determinaron que las costillas estaban rotas, pero no quisieron certificar mi estado diciendo: nosotros trabajamos para el gobierno y no podemos arriesgar nuestro trabajo”

Tras esas respuestas, Juan Bascopé recurrió al Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), quienes trajeron profesionales de Colombia y Estados Unidos, quienes le realizaron una valoración y concluyeron que fue expuesto a una tortura física y psicológica.

Con mucho pesar, Juan asegura que la persecución no solo se circunscribió a su persona, sino que llegó a su esposa, sus hijos, su mamá, hermanos y sobrinos, quienes tuvieron que ocultarse por varios meses.

A la fecha, Juan tiene secuelas terribles de la tortura, le duele la cabeza, tiene mareos constantes, no puede desenvolverse bien. Además, tiene problemas psicológicos. Juan también padeció de Covid – 19.

A todo este trauma que vivió se suman los perjuicios familiares, ya que sus hijos no pudieron seguir con sus estudios, siendo que su familia quedó abandonada, su nieto falleció y extrañamente su abogado, Rilver Velasco, también perdió la vida el 15 de diciembre de 2015.

A ello también se suman las afectaciones económicas, porque perdió sus bienes, enseres, un quiosco que tenía en el mercado 3 de mayo, en la comunidad de Copacabana.

“Perdí mis colmenas que eran 750 en producción, llenas de miel, mis abejas fueron trasladadas por otra gente en camionetas y taxis, también se entraron a tomar posesión de mi lotes, árboles, también poseía incenciales, donde producía 10 quintales de incienso por cada cosecha. Tenía una mina de oro que descubrí el año 2006 y ahora esa está ocupada por una tercera persona. Los gastos en pagos de abogados, también desgastaron mi economía y mi patrimonio. Mi familia ha tenido que vender todo su ganado, pollos y chanchos para ayudarme para mi salud, todos aportan para recuperar mi salud, sin embargo, mi familia vive en alquiler y paga Bs 650 mensuales, yo en la cárcel también pago alquiler y tengo muchos gastos por mi salud, no puedo trabajar por los fuerte dolores que tengo en las costillas, el omoplato, clavícula y la espalda”, lamentó.

JUICIO

Desde su aprehensión, el Ministerio Público no pudo probar que el apicultor Juan Bascopé es culpable de las muertes de cuatro funcionarios de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el municipio de Apolo. “No hay pruebas materiales, sólo hay documentos y fotos de los muertos que ha presentado el fiscal”, dijo.

Si bien inició el juicio, fueron varias veces que las audiencias se suspendieron por diferentes motivos, por ejemplo, la audiencia fijada para el día lunes 5 de octubre, fue suspendida para el próximo lunes 19, esta vez el motivo fue la ausencia de un juez técnico.

TORTURA

Juan Bascopé inició una denuncia por las torturas de las que fue víctima, sin embargo, después de más de cuatro años de iniciado el proceso, el Ministerio Público rechazó la denuncia el 22 de noviembre de 2019, sin haber realizado la reconstrucción de los hechos ni pedir un informe del ITEI, solicitado por su defensa legal.

Para el ITEI, Bascopé es un “chivo expiatorio” del gobierno de ese entonces, el Movimiento al Socialismo (MAS), para tener un “culpable” de los crímenes, al no poder dar con los verdaderos responsables.

“Fue cruelmente torturado para que informe sobre la ubicación de las armas y confiese su culpabilidad, permanece recluido en detención preventiva en la cárcel de San Pedro por más de 6 años sin el debido proceso, sin pruebas, porque el Gobierno y la justicia necesitan chivos expiatorios”, señaló Andrés Gutier, funcionario del ITEI, en entrevista anterior con EL DIARIO.

En febrero de este año, Bascopé le envió una carta a la presidenta Jeanine Añez, donde pedía justicia.

En agosto pasado, la Asociación de Víctimas Judiciales tomó su caso y el viernes la Procuraduría General del Estado, escuchó su testimonio, al igual que de otras 40 personas que se declararon perseguidos judiciales. Entre ellos todas las víctimas del caso terrorismo.

CASO APOLO

En octubre de 2013 se produjo una incursión violenta a comunidades de Apolo (La Paz) con motivo de la erradicación de coca excedentaria. Varias investigaciones que se hicieron, entre ellas el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, establecen que el ingreso de la FTC, policías y militares, no fue precisamente a cocales excedentarios, sino a zonas de producción tradicional de coca.

Como resultado del hecho se produjo el deceso de cuatro personas, Willy Yujra Mamani, suboficial de la Fuerza Naval; Michael Joel Olivares, médico; Johnny Reynaldo Quispe Chura y Oscar Gironda Porres, subtenientes del Ejército. Además de 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya.

Más de cien niños y sus familias fueron refugiados en la Iglesia de Apolo bajo la protección del padre Dionicio Zabala, contra quien el Gobierno de Evo Morales lanzó una feroz campaña de desprestigio.

El entonces asambleísta departamental, Víctor León Chalco, fue secuestrado por algunas horas en la ciudad de La Paz, por encapuchados, que le exigían nombres de dirigentes de Apolo.