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Víctimas judiciales
La directora ejecutiva del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), Emma Bolshia Bravo, a través de una nota dirigida al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, demandó un debido proceso, con respecto a la presunción de inocencia de los señores Juan Bascopé (caso Apolo), Carlos Jang Hur (Barcazas chinas), y Marco Antonio Aramayo (Fondioc), quienes se encuentran con detención preventiva hace más de seis años.
El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado (ITEI) manifestó que las tres personas fueron y son víctimas de malos tratos, encontrándose más de seis años con detención preventiva, sin el debido proceso ni la presunción de inocencia.
“A consecuencia de ello, el estado de salud de estas personas se deteriora de manera preocupante por lo que se encuentran en estado de emergencia sanitaria”, se lee en parte de la nota enviada a Núñez.
Aclaran que Juan Bascopé presenta un cuadro de hipertensión fuerte; Carlos Jang Hur tiene diabetes aguda y Juan Carlos Aramayo tiene problemas cardíacos graves.
“Debido a esta situación, le solicitamos se tome en cuenta estos tres casos para que puedan acceder a servicios médicos y asumir su defensa en libertad. Como usted sabe, Bolivia firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, pero lamentablemente el Estado boliviano no cumple con los compromisos asumidos con organizaciones internacionales. Por esta razón, se hace culpable silencioso del deterioro de la salud de estas tres personas, guardándolas en detención preventiva con las secuelas que esto significa para ellos y sus familias: una vida destrozada y sufrimiento por la ausencia de sus seres queridos”, se lee en otra parte de la nota.
En la parte final manifiesta que espera que las reuniones que inició esta cartera de Estado con los representantes de victimas judiciales permitan avanzar en la lucha por un sistema judicial independiente, que respete los derechos humanos fundamentales de las personas y sobre todo su derecho a un debido proceso.
CARLOS HUR
Carlos Hur, abogado y asesor de la empresa General Marine Bussines Inc. (GMB), se encuentra privado de libertad en el penal de San Pedro de La Paz, desde el 6 de febrero de 2014, acusado por los presuntos delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, incumplimiento de contrato lesivos al Estado y asociación delictuosa, dentro del denominado caso “barcazas chinas”.
En enero pasado, inició el juicio por las irregularidades que se cometieron en la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores (remolcadores) chinos, con una inversión de más de 30 millones de dólares. En el caso, 21 personas fueron acusadas, entre ellos seis extranjeros.
“El juicio inició el 6 de enero y paró antes de la pandemia. Nos volvieron a notificar pero no creo que prospere, porque es difícil notificar a todos los acusados. Soy abogado y asesor de las empresas coreanas contratadas, no tengo ningún trato con el Estado, por lo tanto no recibí dinero alguno de Bolivia. Si mi comportamiento ha sido inmoral o de haber cometido errores, debería procesarme la empresa que me contrató, no el Estado boliviano”, apuntó Hur en entrevista anterior con este medio de comunicación.
Hur aseguró que le “están haciendo pagar una pena anticipada”, y es víctima de un secuestro judicial ya que en su caso no se aplicó la presunción de inocencia y lleva más de seis años detenido por delitos cuya sanción es de tres a ocho años de privación de libertad.
JUAN BASCOPÉ
Juan Bascopé Cari ingresó al penal de San Pedro el 21 de julio de 2014. A la fecha, el Ministerio Público no pudo establecer su responsabilidad por falta de pruebas en las muertes de cuatro funcionarios de la Fuerza de Tarea Conjunta en la comunidad Miraflores del municipio de Apolo.
Si bien inició el juicio, este no prospera debido a las suspensiones de audiencia. Asegura que desde el inicio de su proceso fue viciado por actos de tortura de parte de la Policía, y que sufre exagerada retardación de justicia.
“No hay pruebas materiales en mi contra, sólo hay documentos y fotos de los muertos que ha presentado el fiscal”, dijo.
En octubre de 2013 se produjo una incursión violenta a comunidades de Apolo (La Paz) con motivo de la erradicación de coca excedentaria. Varias investigaciones que se hicieron, entre ellas el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, establecen que el ingreso de la FTC, policías y militares, no fue precisamente a cocales excedentarios, sino a zonas de producción tradicional de coca.
Como resultado del hecho se produjo el deceso de cuatro personas, Willy Yujra Mamani, suboficial de la Fuerza Naval; Michael Joel Olivares, médico; Johnny Reynaldo Quispe Chura y Oscar Gironda Porres, subtenientes del Ejército. Además de 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya, de los cuales Juan Bascopé el único que continúa con detención preventiva.
MARCO ARAMAYO
Marco Antonio Aramayo fue director del Fondo Indígena durante nueve meses hábiles, en ese lapso, descubrió irregularidades. En consecuencia, pidió a la ministra de Desarrollo Rural de entonces, Nemesia Achacollo, realizar una auditoría para frenar la corrupción. Sin embargo, fue recluido en el penal de San Pedro desde 2015 y a la fecha ha enfrentado ocho juicios orales y 79 imputaciones por lo que manifestó que con todos estos procesos, sus derechos se ven afectados y vulnerados, ya que buscarían condenarlo a varios años de prisión por un mismo hecho.
