Distorsiones de la economía, resultado de los costos del delito y la violencia

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), en las últimas décadas se ha evidenciado un gran progreso en muchas áreas socioeconómicas en América Latina y el Caribe (ALC). Entre 2004 y 2014, muchos países de la región tuvieron tasas de crecimiento anual cercanas al 4%, los índices de pobreza disminuyeron, y mejoraron la salud y educación de los ciudadanos. De hecho, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que viven con menos de US$1,25 por día se alcanzó en 2008, siete años antes.

En contraste, la criminalidad aumentó. Según el estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC (2019), ALC aún es la región más violenta del planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes (cuatro veces el promedio mundial). A pesar de la gravedad del problema, los costos de la delincuencia y la violencia para la región recién fueron objeto de atención.

En ese contexto, considerando que el objetivo de cualquier política pública es mejorar la calidad de vida de la población, cabe notar que la seguridad ciudadana no debe ser la excepción. Por eso, hablar de los costos del crimen es referirse específicamente a sus costos en términos de bienestar, tratando de responder preguntas como, ¿en cuánto y cómo reduce el crimen el bienestar de los ciudadanos?

Algunos datos pueden ayudar a estimar los costos de bienestar que el crimen impone a las sociedades, como ser:

- Costos directos resultado del crimen: lesiones, daños y pérdidas.

- Costos de prevención de la delincuencia: gasto público y privado en seguridad.

- Costos en respuesta a la delincuencia: costo del Sistema de Administración de Justicia.

- Otros costos indirectos o intangibles: como los cambios en el comportamiento de las personas por temor a la delincuencia, o los costos para las familias de las víctimas.

También existe la posibilidad de que los costos de la prevención sean mayores a los costos totales de la delincuencia para la sociedad, lo que resultaría paradójico.

La criminalidad, la violencia y el temor inducen a muchas distorsiones en la economía, que se reflejan en conductas como: el cambio de comportamiento de las personas para evitar (o participar) en la actividad criminal, los gastos en protección por parte de los hogares, las menores inversiones por parte de las empresas o las pérdidas que sufren en caso de robo, por ejemplo, y la asignación de recursos gubernamentales.

Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), el crimen le cuesta a ALC aproximadamente el 3% del PIB anual. Con un límite inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%. Esto representa para toda la región un costo de hasta US$236.000 millones (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o US$165.000 millones (a tasas de cambio de 2014) considerando los 17 países analizados (*); cifras que equivalen a unos US$300 per cápita en promedio por año. Estos costos se descomponen de la siguiente manera: 42% corresponde al gasto público (especialmente servicios policiales), 37% a gastos privados y 21% a los costos sociales derivados de la delincuencia, principalmente por la victimización.

Bolivia no fue parte de este estudio por falta de información disponible. Sin embargo, es posible extrapolar sus resultados y dada la similitud del fenómeno delictivo con algunos países de la región, los hallazgos puede ser considerados –cuanto menos– para aproximar la gravedad del problema para la economía del país. Por obvias razones, velando por la eficiencia en el uso de los recursos –especialmente los públicos– es imperativo preguntarse: ¿Cuán altos son los costos del crimen y la violencia en Bolivia? ¿Cómo se los puede medir? ¿Cómo se los puede reducir?

Medir los costos del crimen y la violencia requiere de información sistematizada que, entre otras cosas, permita conocer:

- Costos sociales, incluyendo costos de victimización, entendida como pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos, además de los ingresos perdidos (no generados) de la población penitenciaria.

- Costos del sector privado: gasto de las empresas y los hogares en prevención del delito.

- Costos incurridos por los diferentes niveles de gobierno: Administración de Justicia, Ministerio Público, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario.

Conocer los costos del delito y las violencias permite mejorar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, enfocando los recursos con mayor eficiencia y efectividad, más aún en esta época.

Bibliografía

- Jaitman L. 2015. Los Costos del Crimen y de la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

- Jaitman L. 2017. Los Costos del Crimen y de la Violencia – Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y El Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

(*) Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.