De modo muy parecido al incendio de 2019, devastador de más de 5 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz, ahora el incendio consume un millón y medio de hectáreas, se repite un año después, pero encuentra al país completamente desarmado para combatirlo. Falta capacidad de previsión. No se pide una preparación total ni perfecta, pero el Gobierno y las autoridades departamentales deberían mostrar alguna preparación.
En 2019 este siniestro afectó a Santa Cruz y al Beni, ahora son además Chuquisaca, Tarija y La Paz los afectados. Esto lo convierte en más incontrolable y difícil por semejante ámbito. El Decreto Supremo de Desastre Nacional del día 8 del mes en curso, clama una ayuda internacional muy necesaria pero aún no se materializa, salvo unos pocos bomberos de España y de algún otro país.
Fuentes oficiales reportan unos 100 focos incendiarios: 85 en Santa Cruz, 10 en Chuquisaca, 10 en Beni, 4 en Tarija y 1 en La Paz. Según la Autoridad de Tierras y Bosques (ABT) el 85% de estos son provocados por manos humanas. La propia presidenta Jeanine Áñez dio cuenta de 29 denuncias sometidas a pericias, 520 procesos contra los iniciadores del fuego, 9 detenidos y 3 sentenciados. Una versión afirma que 500 bomberos y voluntarios combaten los incendios y otras versiones hablan de 800 personas. Sin embargo sus esfuerzos son insuficientes, pese a la ayuda importante de la gobernación cruceña.
Los comunarios (comuneros) amenazaron e impidieron a los bomberos realizar su ardua tarea. Se cita como ejemplo de esto la Reserva Municipal de Copaibo. En 2019 sucedió algo parecido. En estos días por lo menos dos líderes voluntarios denunciaron estos hechos y revelaron que a lo largo de muchos años de la misma actividad nunca tropezaron con ese impedimento y atropello.
Ya en el año pasado se evidenció que los incendios en gran medida eran provocados por comunarios trasplantados desde tierras altas por la Administración Morales-García Linera, tanto por motivos políticos como para gratificar a escogidos de sus parciales. Como se viene denunciando, la actual devastación es obra de los mismos elementos. Se cree que es para habilitar “chacos” y por otra causa. Todo indica que es consigna masista para problematizar más al gobierno. Esta falta de escrúpulo tal vez no sea atribuible a la dirigencia nacional del MAS, pero parece obedecer a los dirigentes de las regiones próximas. Por otra parte, llama la atención el silencio contemplativo de los agroindustriales, igual al de 2019. Puede ser que los incendios les convengan para ampliar y facilitar su expansión. Lo indudable es que este interés atenta contra la naturaleza y el medio ambiente. Corresponde una investigación profunda y no excluyente de ningún sector.
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