Arriendo, problema en todo lado

El problema surgido a raíz del coronavirus entre propietarios de inmuebles e inquilinos no sólo se da en el país.

En Colombia, el diario “Vanguardia” dice “El pago del arriendo enfrenta a dueños de predios con inquilinos. Ya han transcurrido semanas desde que el Gobierno Nacional expidió un decreto que, por el Covid-19, fijó normas que deberán cumplir tanto los dueños de los predios como sus inquilinos y sin embargo, las partes están enfrentadas en temas tan puntuales como los pagos de los cánones de los arrendamientos. El no pago de los arriendos ha desencadenado en tutelas, y otras demandas. La decisión de prohibir desalojos durante la emergencia del COVID-19, los problemas económicos de la gente, además del viacrucis que viven las inmobiliarias y los dueños de predios por el no pago de los alquileres por parte de sus inquilinos, han desatado batallas legales de parte y parte”.

En Argentina un diario refleja: “Inquilinos y propietarios en el limbo de la cuarentena. Para proteger el derecho a la vivienda en la crisis del virus, el Gobierno argentino congeló los contratos de alquileres, y dejó a inquilinos y propietarios paralizados, con dificultades para ambos lados. El coronavirus trastocó los planes de los argentinos. Con el objeto de resguardar el derecho a la vivienda y evitar desalojos, el Gobierno nacional estableció por decreto la prórroga automática de los contratos con cuotas congeladas y prohibió la anulación de alquileres, así como cualquier acto de evicción sobre posibles morosos o ante el vencimiento de contratos en este periodo”.

Un periódico del Ecuador dice: “El arriendo, en el limbo entre la ley y la buena voluntad. Los sectores comerciales piden una reforma legal para prorrogar el pago del alquiler. Buenas intenciones, pero sin respaldo legal. Así califican varios gremios comerciales a la propuesta del gobierno para frenar los desalojos por atrasos en el pago de alquileres mientras dura la emergencia sanitaria por coronavirus. En el documento planteado por el Ejecutivo se fija que la medida se extiende hasta sesenta días tras el levantamiento de las restricciones y sugiere: “que arrendadores y arrendatarios se pongan de acuerdo en el monto del arriendo y su forma de pago”.

En nuestro medio, una ley considerada y aprobada incluso demagógicamente en la Asamblea Legislativa, está en el aire. Medios periodísticos puntualizan que “se halla en el limbo”. Es una muestra de que las autoridades -sean del Ejecutivo o Legislativo- no se preocupan de los reales problemas que atingen a la comunidad. Virtualmente se hacen de la vista gorda y dejan que surjan conflictos entre propietarios y arrendatarios, cuando su deber es orientar y/o mediar para que todo transcurra en franca armonía. De no ser que hay dueños como don Carlos Urdininea y su esposa Giovana Inda de Urdininea, quienes hace meses, por cuenta propia, con buena voluntad y comprensión condonaron alquileres a sus arrendatarios ante su difícil situación, todo sería un caos y desbarajuste social. No obstante, al existir gente noble y sincera, como el matrimonio mencionado, se avizora que aún, a Dios gracias, no todo está perdido en la actual sociedad y que los seres humanos bien pueden ayudarse mutuamente.