Desinformación de financiamiento externo durante proceso electoral

La pandemia y la crisis de precios de materias primas redujeron los ingresos del Estado, por lo que se acudió a financiamiento externo para afrontar la coyuntura actual, pero en el proceso las declaraciones de miembros del Legislativo como del Ejecutivo provocaron solo desinformación a la población, debido al proceso electoral que vive Bolivia, según las apreciaciones de ambos lados.

Las apreciaciones sobre la aprobación de créditos fueron de ida y vuelta por los actores del legislativo como del ejecutivo, mientras los casos por el Covid-19 iban en aumento y los requerimientos eran urgentes.

Declaraciones

El 19 de agosto de la presente gestión un boletín de prensa de la Cámara de diputados informó que la aprobación de créditos del #BID por más de 700 millones de dólares es una demostración de que la Cámara de Diputados y los dos tercios del #MAS no bloquean los créditos internacionales que benefician a los bolivianos.

Sin embargo, la Asamblea no dio curso al mismo a la fecha, ya que el Ejecutivo señala que, de los más de 1.400 millones de dólares, mediante 12 contratos, solo se aprobaron 3.

Por otra parte, una de las controversias y que sigue generando cruce de acusaciones entre legislativo y ejecutivo, se refiere a los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según la presidenta de la Comisión de Planificación, en declaraciones a este medio, a principios de septiembre, Otilia Choque, el Gobierno entregó tres hojas sobre este requerimiento internacional.

A su vez, el ministro de Economía y Finanzas Públicas a.i. José Abel Martínez, el 1 de agosto, declaraba a la prensa lo siguiente: de “inexactas y tendenciosas” las declaraciones del diputado del MAS Víctor Borda que en un medio de comunicación dijo que el Gobierno no entregó la documentación de respaldo para la aprobación del crédito del FMI de 327 millones de dólares y que desconoce el destino de esos recursos, según un boletín de prensa ministerial de esa fecha.

En la misma, la autoridad de entonces aseguraba que remitieron dos informes técnicos, especificaciones financieras, análisis de sostenibilidad de deuda, el flujo mensual del TGN, el flujo anual proyectado del TGN, la exposición de motivos, los indicadores de deuda pública y sus proyecciones, y la carta de intención firmada por el ministro de esta Cartera de Estado, el presidente del Banco Central de Bolivia y dirigida a la Directora Gerente del FMI.

Al respecto, a principios de septiembre en entrevista con este medio, la presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados dijo que la petición para aprobar los recursos que vienen del FMI no cumple los pasos requeridos, y que no tienen la documentación, “pero insisten en que quieren que se apruebe. Ahora esto en definitiva no se va a aprobar”.

Informó que ese crédito del FMI llegó a la Comisión con la exposición del motivo en sólo tres planas y media; no hay documentación de respaldo; por lo tanto, este crédito se ha rechazado el 16 de junio por no cumplir con los requisitos de la CPE, no ha demostrado las condiciones, y que ya no corresponde el tratamiento, además este era muy condicionante.

Asimismo, diputados bolivianos rechazan decreto sobre préstamos del FMI, señala en su titular www.telesurtv.net y luego sostiene, el pasado 3 de julio de 2020, que el pleno de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una declaración que rechaza categóricamente el contenido del Decreto Supremo 4277, que dispone los recursos entregados al gobierno de facto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en calidad de préstamo, sin autorización de la Asamblea Legislativa.

En principio, el ejecutivo envió en primera instancia petición para que se apruebe los recursos del FMI, con una explicación simple sobre el destino de los recursos, y que después respaldó con un decreto para viabilizar la aprobación, y en principio los diputados afines al Movimiento al Socialismo (MAS) en principio declararon que iban analizar si se presentaban más documentación al respecto, pero una vez promulgado el DS, tomaron la actitud del principio.

La presidente de la Comisión de Planificación basa sus acciones en el artículo 322 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que “la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias”.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene la facultad de aprobar dichos préstamos. Ello, en virtud a lo establecido en el art. 158 de la Constitución Política del Estado vigente, asegura Iver Von Borries, reconocido abogado y experto en asesorar a importantes empresas nacionales e internacionales, y actualmente preside el Centro de Conciliación y Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz.

El pasado 13 de agosto en el twitter @Diputados_Bol se difundía la #nota al destacar la sanción de la ley que crea el “Bono contra el Hambre” de Bs 1.000, el Pdte. @Sergio_Choque_S advirtió que la #ALP esperará su promulgación, para inmediatamente aprobar dos créditos externos destinados al pago de ese beneficio.

La declaración de la autoridad legislativa muestra condicionamientos y desinformación, puesto que el ejecutivo envía sus requerimientos con el destino de los créditos que va a adquirir.

Los procedimientos utilizados por el Órgano Ejecutivo para la contratación de créditos externos, se encuentran enmarcados en las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público, aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 218041 de fecha 29 de julio de 1997, señala el Ministerio de Planificación.

El Ministerio de Planificación de Desarrollo, en el marco de sus competencias, inicia la gestión y negociación de convenios de financiamiento externo con diferentes organismos multilaterales y bilaterales que puede durar 3 meses o más, dependiendo de la complejidad de la operación de crédito, posteriormente se elabora el proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Ministro de Planificación a suscribir el respectivo Contrato de Préstamo, debidamente justificado con informes técnicos y jurídicos. El Proyecto de Decreto Supremo se discute y analiza en el Consejo Nacional de Políticas Públicas (Conapes) para su posterior aprobación al Gabinete Ministerial, explica.

Una vez que se cuenta con el Decreto Supremo antes mencionado, el MPD suscribe el Contrato de Préstamo con el organismo financiador y elabora los informes técnicos y jurídicos del Anteproyecto de Ley que aprobará el respectivo Contrato de Préstamo, y que es remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y en caso de que la Asamblea requiera alguna complementación o aclaración de un tema, el Órgano Ejecutivo remite nuevamente los informes complementarios, detalla.

Asimismo, es importante mencionar que el Ejecutivo asiste a la defensa del Proyecto de Ley tanto en las comisiones de Planificación, Política Económica y Finanzas de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en la plenaria de ambas cámaras.

Por tanto, el Órgano Ejecutivo ha cumplido con todos los procedimientos para la aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa, asegura el Ministerio de Planificación del Desarrollo en respuesta enviada a este medio sobre el cuestionario enviado sobre los procedimientos para contratar deuda externa.

Política

Von Borries dijo a este medio que la no aprobación, por parte de la ALP de los mencionados créditos en favor del país, se debe a una decisión política. En razón del control parlamentario que el MAS posee y de la época electoral en la que nos encontramos, los actores políticos suelen perder la objetividad de sus funciones.

No obstante, el actual ministro de Economía, Branko Marinkovic, ha logrado modificar el criterio de “préstamo” a “compra de divisas” para que el país pueda tener acceso a los recursos en cuestión, sin la necesidad legal de una aprobación por parte de la ALP, en el caso de los recursos del FMI.

Normas

René Martínez, analista en presupuesto y fiscalidad de la Fundación Jubileo, en respuesta a un cuestionario enviado por este medio sobre financiamiento externo, dijo que, a pesar de la coyuntura como la pandemia, los requisitos se mantienen para acceder a recursos externos.

Mientras el Ministerio de Planificación señala que, si bien las condiciones financieras y requisitos de los organismos multilaterales y bilaterales se mantienen, en el contexto actual, las tasas de interés a nivel internacional han alcanzado niveles mínimos, como ser la tasa Libor, favoreciendo de esta manera, la contratación de créditos externos, cuyas tasas de interés están ligadas a la Libor.

“No obstante, a la luz de la evolución de la pandemia del Covid-19 y de los efectos económicos que se derivan de la misma, los financiadores han establecido mecanismos internos que han permitido una rápida y flexible aprobación de los créditos en sus respectivos Directorios”, complementó.

Por su parte, Von Borries dijo que las principales entidades multilaterales de financiamiento y en especial la CAF, el BID, el BM y FMI, han modificado y flexibilizado el otorgamiento de créditos mediante programas de estímulo para la lucha contra los efectos económicos del Covid-19.

En consecuencia, la contratación de los créditos ha sido flexibilizada, inclusive las entidades multilaterales han ofrecido emitir títulos que permitan a los Bancos Centrales la emisión de masa monetaria.

“Nosotros, sin embargo, no hemos tenido, por la falta de unidad y por el momento político que vive Bolivia, la capacidad de desarrollar el marco normativo acorde a la gravedad de la pandemia que permita, no solo acudir de manera más ágil a los mecanismos de endeudamiento externo, sino que tampoco hemos hecho lo suficiente para lograr que dichos recursos económicos, una vez gestionados, sean liberados de forma diligente”, lamentó.

Normas

Martínez coincidió, por separado, sobre los elementos normativos para la contratación de Deuda Pública, con Iver Von Borries, con el Ministerio de Planificación del Desarrolló y con la Presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.

“El artículo 322 de la Constitución Política del Estado establece que, la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. De igual manera, el artículo 158 establece, entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado”, explica.

Y, en el artículo No. 298, la Constitución establece, entre las competencias exclusivas del Nivel Central del Estado, la deuda pública interna y externa, complementó.

Por otro lado, si bien es una norma previa al proceso Constitucional, las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público aprobada mediante Resolución Suprema Nº 218041 de julio de 1997, en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco), establece en su artículo 38, entre los requisitos para la contratación de Deuda Pública Externa, una Ley que aprueba el contrato de préstamo suscrito, sostiene.

Montos

Por otra parte, el pasado 9 de septiembre, un boletín de prensa de la Cámara de Diputados informa que la presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, de la Cámara de Diputados, cuestionó al Órgano Ejecutivo sobre el destino de 900 millones de dólares de créditos aprobados y que ahora dicen no tener recursos económicos ni para pagar salarios a los funcionarios públicos.

El Ministerio de Planificación, en respuesta a un cuestionario enviado por este medio de comunicación, informó que los créditos sumaron 1.343,3 millones de dólares, que se detallan a continuación: i) Atención sanitaria de la Pandemia, como el crédito de CAF de $us 50 millones; ii) Protección social a través del pago de bonos a la población, pago de facturas de energía eléctrica como son los créditos del Banco Mundial ($us 254,3 millones), BID ($us 450 Millones) y Agencia Francesa de Desarrollo – AFD ($us 109 Millones); iii) Apoyo a líneas presupuestarias prioritarias del Gobierno, a través del crédito de CAF ($us 350 Millones); y iv) Apoyo a las micro y pequeñas empresas a través de un programa de crédito que permitirá proteger el tejido productivo y el empleo de dichas empresas, con el crédito del BID ($us 130 millones).

Además, indica que, de los 12 Convenios de Créditos suscritos en la presente gestión, 9 de estos aún se encuentran pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y solo 3 cuentan con leyes aprobadas.

El Programa de Colaboración al Proceso de Mejoramiento de los Esquemas y de las condiciones del ejercicio del derecho a la salud en Bolivia, recibió 23,4 millones de dólares de Italia; para la atención de la emergencia sanitaria causada como consecuencia de la pandemia Covid-2019, la CAF destinó 50 millones; y el proyecto de resiliencia urbana en Bolivia, el Banco Mundial financió con 70 millones.

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branco Marinkovic, dijo que todavía se espera que la asamblea apruebe 1.000 millones de dólares.

Las declaraciones de ambos lados defendieron sus posiciones, en un contexto electoral diferente a las anteriores gestiones, puesto que el voto fue peleado por cada uno de los candidatos desprestigiando al otro, y más con la pandemia.