Falta de justicia por carencia de virtudes

Hay sentimientos generalizados en todo el mundo para desconfiar de los poderes públicos porque no siempre éstos funcionan conforme a las leyes y demás marcos legales; además, porque tienen el mayor defecto: ser burocracias sin mayores sentimientos, carentes de sensibilidad social y con poca o ninguna vocación de servicio ni dotes de responsabilidad. Uno de esos casos es el Poder Judicial en todas sus instancias y, por más que es el blanco de preocupaciones de la Corte Suprema de Justicia y de vocales de las Cortes de Distrito, es el recurrente tema de retardación de justicia en los respectivos tribunales.

Al margen de muchos vicios y males que tiene el poder Judicial, denunciados permanentemente por el Ministerio Público y por las quejas de la colectividad, por la lentitud con que se atiende en los juzgados civiles y penales en el despacho de los expedientes que, en muchos casos, permanecen archivados en forma indefinida y sin justificación alguna; estos procedimientos significan lenidad, descuido, nomeimportismo y deshonestidad de jueces, actuarios y personal subalterno que ve con indiferencia lo que pasa en las diversas instancias. Muchas veces se sostiene que la retardación es la falta de jueces y personal, que con el que tienen “es imposible exigir celeridad”; pero el sentir público es diferente, porque sostiene que la corrupción es mal de los juzgados que, en su mayoría, sólo aceptan “arreglos” para despachar expedientes y para atender atenta y educadamente al público.

Hay verdades latentes en los tribunales de todo el país: falta de virtudes y condiciones que deben tener fiscales, jueces y actuarios, cuya conducta es imitada por el personal subalterno. El público, lamentablemente, sostiene que es preciso “adecuarse o adaptarse a las condiciones impuestas para que marchen los asuntos que, de otro modo, quedarán hasta las “calendas griegas”, que nunca llegarán. Lo cierto también es que mientras no se establezca nuevos juzgados que cumplan funciones en debida forma, ajustados a las leyes y posean sus titulares condiciones de idoneidad, honradez, honestidad y responsabilidad, no serán posibles cambios que requiere la administración de justicia; pero, también serán necesarios cambios de infraestructura, aumentos sustanciales de sueldos para establecer y vigilar normas de conducta que se cumplan estrictamente.

En cada gobierno se anuncia “reestructuración o reorganización” del Poder Judicial y no se lo cumple en modo alguno. Lo más grave es que de año en año los yerros de tribunales son mayores y la deshonestidad es latente porque parece que ni a los Colegios de Abogados les interesa que todo cambie, que la honestidad sea parte sustantiva, que haya efectivamente una administración digna en la justicia y este poder sea modelo de comportamiento moral para el resto de la administración del Estado. No debe ser difícil para las Cortes Superiores vigilar, controlar el comportamiento de tribunales civiles, penales, de familia y otros; pero, con buena voluntad, vocación de servicio y sentido de responsabilidad pueden cumplir labores que permitan mejorar sustancialmente la administración de justicia.