Eufren Wilmer Franco Huaycho
Para determinar la efectividad de un sistema educativo en términos de cobertura se recurre a indicadores macro educativos: tasa de asistencia efectiva, analfabetismo, abandono escolar, promovidas, reprobadas que reflejan en términos cuantitativos su evolución. En el año 2006 se creó el programa Bono Juancito Pinto, con el objetivo de incrementar la matrícula escolar, estimular la permanencia, culminación y reducción de la deserción escolar. De acuerdo con el reporte INE (2018), la tasa de abandono a nivel nacional fue 5,8% en la gestión 2005 y hasta el año 2018, llegó al 2,5%; asimismo, la tasa de promovidos se perfiló en 94,32%; en tanto la tasa de asistencia escolar de 6 a 19 años fue 93,17%. Una evolución positiva en términos matemáticos.
Desde la gestión 2007 hasta el presente, este programa fue mejorando en términos de cobertura a beneficiarios. Es así que este bono se extendió a estudiantes del Subsistema Alternativa y Especial sin límite de edad en un monto único de 200 Bs.; asimismo, hasta la gestión 2014, este beneficio cubrió a todo el nivel de secundaria.
La hermenéutica de ejecución del pago también se fue perfeccionando y simplificando procedimientos burocráticos, de tal manera de facilitar rutas cortas a los tutores y aminorar reclamos. Hasta la gestión 2019, el Ministerio de Educación había trabajado en alianza con las Fuerzas Armadas, quienes se desplegaban a nivel nacional para efectuar este subsidio a estudiantes del sistema fiscal y convenio en sus propios contextos.
En diferentes gestiones, las fuentes económicas que financian este beneficio son las empresas estatales (YPFB, ENTEL, ENDE, EBA, etc.) y TGN en algún porcentaje. Para la gestión 2019, el Ministerio de Educación había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas 461 millones (Bs.) en beneficio a 2.250.000 estudiantes.
En la presente gestión, el DS N° 4336 es la norma que autoriza y regula el BJP. Como principal rector, el Ministerio de Educación solicito Bs 504.534.801 al ente económico para gasto operativo y cancelación a 2,5 millones de niños y jóvenes como incentivo a su desempeño en las modalidades educativas que estableció el DS 4.260 para este contexto de pandemia COVID – 19. Un incremento presupuestario del 8,6% más respecto al año 2019.
Según el reglamento de pago, indica que el cobro se efectuaría por entidades bancarias a partir del lunes 28 de septiembre hasta el 26 de noviembre, donde el tutor habilitado en el SIE debe aproximarse presentando su carnet acorde a terminación del último dígito; sin embargo, se ha visto casos de beneficiarios con observación por razones de inhabilitación del tutor. Ante estas inconsistencias, el Ministerio de Educación habilitó una plataforma de consultas: http://bonos.minedu.gob.bo/, en el cual la población tiene posibilidad en informarse del beneficiario y tutoría; asimismo, el padre de familia puede solicitar actualizar datos desde su propio dispositivo celular Android, Tablet o computadora.
Lo llamativo de estas solicitudes es la tardanza de por lo menos 15 días en retornar respuesta a partir del momento que la Unidad Educativa valida la solicitud. Ante estas situaciones, la población es la que sufre y ve desconfianza en sus autoridades, peor aún las poblaciones rurales que pagan pasaje de traslado, sacrifican el día y/o para obtener una respuesta negativa o positiva.
En este contexto de pandemia, todos los bonos creados por el gobierno transitorio y aquellos programados son un paliativo importante de necesidades sentidas en familias. Desde las entidades responsables urge la necesidad en buscar otras alternativas menos burocráticas, de tal manera de aminorar el descontento en la sociedad.
El autor es maestro del área de Matemáticas del sistema educativo fiscal.
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