A la renuncia y abandono del poder del caudillo que nos gobernó “inconstitucionalmente” por casi catorce años continuos, asumió la presidencia la senadora Jeanine Añez por mandato de la Constitución Política, organizando su gobierno con paisanos, parientes y amigos, sin alterar la estructura de poder edificada en catorce años por el populismo masista, que siguió controlando los órganos Legislativo, Judicial y buena parte del aparato administrativo del Estado.
La caída del régimen autoritario de Evo Morales, solo afectó a éste y su entorno de ministros y allegados, los demás se acomodaron con el nuevo gobierno y una vez fortalecidos comenzaron a debilitar al mal llamado gobierno de “transición”, y decimos mal llamado porque no existen constitucionalmente gobiernos de transición, sólo hay gobiernos constitucionales o de derecho y de facto o inconstitucionales, pues la misma constitución especifica que el gobierno de sucesión parlamentaria llamará a elecciones en noventa días, pero que seguirá gobernando (Arts. 169 y 172).
Los miembros del Órgano Legislativo cumplieron su mandato el día 23 de enero de 2020, y una vez más, el Tribunal Constitucional Plurinacional se arroga para sí la soberanía del pueblo para elegir a sus gobernantes y prorroga el mandato de legisladores y otros niveles, en una medida de interés político, pero no ajustado a la Constitución.
Es así que la Presidente del Senado se atribuye la calidad de Vicepresidente del Estado y con su mayoría partidista promulga normas de interés político partidario y no de interés ciudadano, en algunos casos invadiendo las competencias del Órgano Ejecutivo. A esto hay que agregar la desacertada postulación electoral de la presidente, los actos de corrupción de algunos funcionarios y por supuesto el deterioro de la imagen del gobierno, la misma que se afectó más por la llegada del “corona virus” y el casi abandono de labores cotidianas de la administración política para atender la pandemia.
Desde el cogobierno el populismo con abundantes recursos económicos intentó en agosto paralizar el país, impidiendo en las carreteras el paso de hasta de insumos médicos importantes para salvar vidas, como el oxígeno, lo que ocasionó la muerte de más de 40 personas, y con el argumento de evitar el enfrentamiento permitió esa situación que fue condenada por la opinión mundial.
Aunque la presidente renunció a su candidatura (lo mismo que otros dos candidatos), los muchos candidatos anti-populismo y la candidatura regionalista del señor Camacho, facilitaran ciertamente el triunfo y retorno del populismo autoritario al poder del Estado boliviano y otra vez una agónica oposición, sin partidos fuertes y ausencia de un liderazgo que mueva a la ciudadanía.
Algunas voces optimistas basadas en las declaraciones del candidato que obtuvo la mayoría de votos, de hacer un gobierno de “unidad nacional” y buscar el reencuentro de los bolivianos divididos por la política del odio que alentó Evo Morales, esperan que se produzca un cambio en el “proceso de cambio” que nos gobernó autoritariamente casi tres lustros, o que nos lleva a preguntar: en el próximo gobierno ¿habrá división e independencia de los Órganos del Estado? ¿Cesará la política de persecución y represión a los que piensan diferente de las ideas del oficialismo? ¿Se administrará el país de acuerdo a lo que dispone la Constitución y las leyes? ¿Serán llamados a cumplir funciones de gobierno los mejores y más capaces ciudadanos y no solo los correligionarios? ¿Se administrará el país con un criterio de austeridad, legalidad y en atención a la realidad nacional? ¿Se respetaran las autonomías regionales y municipales, la libertad de prensa y expresión y en general los Derechos Humanos? Estas y otras interrogantes y su aplicación en la realidad, nos llevaran a ser pesimistas u optimistas sobre nuestro futuro.
El autor es Abogado, Politólogo y escritor.
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