Justicia comienza a liberar a exautoridades del MAS

Tras que la justicia levantara el mandamiento de aprehensión emitida contra el exministro de Justicia, Héctor Arce, quien fue denunciado por el caso fraude electoral de 2019, el diputado Amilcar Barral aseguró a EL DIARIO que esta es una pequeña muestra de que la justicia siempre estuvo tomada por el Movimiento al Socialismo (MAS).

“Si están empezando con Héctor Arce, contra quien hay bastante pruebas en la denuncia que hicieron en el tema del fraude electoral, incluido el testimonio de los mismos funcionarios, se puede avizorar que vienen días difíciles. Lamentablemente, no vamos a tener una justicia proba, se nos viene días difíciles para la oposición, periodistas y todos quienes se opongan al MAS”, lamentó.

En ese marco, dijo que es muy probable que todas las exautoridades que actualmente se encuentran asiladas en la Embajada de México, denunciadas por diferentes delitos, puedan salir en cualquier momento.

“Ningún juez ni fiscal se va a animar a hacer algo en contra del MAS, lo que hicieron entre gallos y medianoche, al instaurar una audiencia en la noche del sábado, para que nadie diga nada, se puede esperar de todo, incluso que en el caso de Evo Morales, la culpable sea Noemí”, apuntó.

En similar criterio, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, recordó que el fraude electoral fue demostrado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que si las personas que están involucradas en ello aún no recibieron sanciones, la justicia está dando una muy mala señal al país.

En una audiencia de acción de libertad que inició el sábado y concluyó la madrugada del domingo, el juez del Juzgado Primero de Instrucción Cautelar, Román Castro anuló el mandamiento de aprehensión en contra de Héctor Arce.

Al respecto, el abogado Eusebio Vera explicó a EL DIARIO que el proceso penal instaurado en contra de las exautoridades asiladas en la embajada de México en La Paz continúa, y que la anulación del mandamiento de aprehensión contra Arce no influye en relación al fondo del proceso.

“Como han obtenido esta acción de libertad, lo que supone es que el señor Arce tenga libertad de acción, no está sujeto a una orden de aprehensión a ser ejecutado, consecuentemente será voluntad suya si sale de su condición de asilado donde se encuentra, y trasladarse en forma libre en toda la ciudad. Lo que continua es la investigación penal”, explicó.

DENUNCIA

DISCIPLINARIA

Por otro lado, el abogado que patrocina al exministro de Justicia, el ex fiscal departamental de Tarija, Aimoré Álvarez, manifestó que evalúan la posibilidad de iniciar una denuncia disciplinaria contra la comisión de fiscales que actuaron en contra de Arce, siendo que no hubo objetividad en el trabajo que realizaron.

“Han actuado sin objetividad, en una persecución política. No se han desarrollado actos investigativos, se han usado pruebas de otro proceso, no se ha notificado a ninguno de los denunciados, no se les ha informado sobre los hechos por los cuales se los procesaba para que asuman defensa”, dijo el exfiscal en contacto con medios de comunicación.

En ese marco, refirió que la Ley 260 del Ministerio Público señala que los fiscales tienen la obligación de emitir resoluciones de manera fundamentada y ante el incumplimiento de ese requisito se puede iniciar un proceso disciplinario.

AGETIC

Por otro lado, extraoficialmente se conoció que la Fiscalía rechazó el proceso, por presunto fraude electoral, contra exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), actualmente asilado en la embajada de Mexico.

Barral manifestó que “se enteró” que en las últimas horas el exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna, también fue beneficiario con el rechazo de la denuncia en su contra.

“La Fiscalía anticorrupción rechazó la denuncia contra el exdirector de la Agetic, Nicolas Laguna Quiroga, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, falsedad material, uso de instrumento falsificado, alteración y uso indebido de datos informáticos”, reportó Gigavisión.

A través del grupo de WhatsApp del Ministerio Público, periodistas pidieron una versión de las autoridades, respecto al levantamiento del mandamiento de aprehensión contra Arce y el rechazo del proceso contra el exdirector de la Agetic, empero a través de la unidad de comunicación indicaron que era complicado que alguna autoridad se pronuncie ayer al respecto.

DATOS

El exministro de Justicia tiene dos procesos abiertos, uno por el fraude electoral y otro por uso indebido de bienes del Estado, ya que funcionarios de esa cartera de Estado denunciaron que fueron obligados a modificar actas de votación de las elecciones de octubre de 2019.

El pasado 6 de octubre, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Fiscal General, Juan Lanchipa, la imputación del expresidente Evo Morales, del exvicepresidente Álvaro García Linera y de los exministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce por las presuntas operaciones delictivas que llevaron a la comisión del fraude electoral durante las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

El director departamental de la PGE de La Paz, Fabio Joffre, ratificó en la oportunidad que en 2019, se falsificaron actas electorales para el proceso anulado del 20 de octubre y desvirtuar el fraude.

De acuerdo con la autoridad, se hizo una manipulación dolosa de las papeletas electorales que se sospecha eran del proceso electoral en el departamento de La Paz, del cual el exministro de Justicia, Héctor Arce, tenía conocimiento.

“En una noche se dedicaron a imprimir miles de actas que se presumen que correspondía a La Paz (…) pero; lo importante de esto, es que el exministro de Justicia (Héctor Arce) ordenó esa misión a sus funcionarios y estaba percatado de todo el proceso delictivo”, manifestó en la oportunidad.

El 5 de marzo, Ariel Iturri y Alejandro García, abogados de profesión y que fueron parte del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que es parte del Ministerio de Justicia, dieron cuenta de la impresión de las papeletas electorales de los comicios anulados del 20 de octubre.

En la declaración informativa que presentó uno de los exfuncionarios ante la Policía y a la que accedió la red ATB, dice que fue convocado por otro de los trabajadores a nombre de la exautoridad. Ambos debían estar presentes el 30 de octubre en el Ministerio de Justicia para realizar la “impresión de unas hojas (de papel)”.

Por otro lado, cuarenta y cinco días después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la OEA dio a conocer su informe final donde concluye que hubo “operaciones dolosas” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.

“Todos los análisis del equipo técnico permiten determinar que la paralización del sistema TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”, se lee en parte del informe de la OEA.