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Según Viceministro Javier Issa
El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, descartó este viernes, la existencia de móviles políticos en el deceso del secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez.
La autoridad sustentó su hipótesis, porque en su debido momento ni familiares ni allegados del dirigente sentaron denuncia en la Policía ni a través de medios de comunicación.
La Policía Boliviana y el Ministerio Público abrieron de oficio investigación para conocer las causas de la muerte, circunstancias de la agresión y golpes en la parte izquierda de su cabeza, motivo por el cual fue internado el pasado 23 de octubre en la clínica CEMES de La Paz.
“Yo descarto móviles políticos. En caso de que el señor Gutiérrez hubiera sufrido un atentado, los primeros en realizar la denuncia habrían sido las personas más allegadas, la familia o los otros dirigentes que están a su lado. No existe ninguna denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)”, aseveró.
Gutiérrez participó en una concentración del Movimiento al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto y –según una versión extraoficial- habría consumido bebidas alcohólicas.
En ese marco, Issa, cuestionó la actitud que asumieron los familiares y una representante de la clínica donde estuvo internado el dirigente, que interfirieron la investigación policial y no permitieron se realice la autopsia legal del cadáver.
“No sabemos en qué condiciones ingreso a la clínica, lo que sí sabemos es que fue trasladado por la esposa y el hermano de éste. No sabemos qué tratamiento recibió y cuál es la causa de la muerte. Se ha suscrito un documento en el cual se autoriza que no se haga la autopsia, esto llama la atención, más aún cuando varios grupos afines al MAS indicaban que fue víctima de un atentado por parte de algún grupo irregular, esto cae por su propio peso”, explicó.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se declaró en estado de emergencia y calificó la muerte de Gutiérrez como “persecución criminal a los dirigentes sindicales”. El representante del Ministerio de Gobierno indicó que ni en La Paz ni Oruro existe una denuncia formal, por parte de los familiares.
“Se han hecho las gestiones necesarias para averiguar qué ha pasado en este caso, porqué hay tanto hermetismo, por qué hay un manto de incógnita. Es por ello que el Ministerio de Gobierno se ha convertido en parte (de la investigación)”, aseveró.
