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Acción de cumplimiento
A una semana para la transmisión del mando presidencial, los representantes del Observatorio de Derechos Humanos Bolivia anunciaron la presentación de una acción de cumplimiento contra las autoridades que serán posesionadas el próximo 8 de noviembre, este recurso legal busca hacer que todas las promesas electorales de los candidatos electos sean cumplidas a lo largo de su gestión.
Esta iniciativa busca que las autoridades electas en las elecciones generales del 18 de octubre del presente año, que en los próximos días tomaran posesión de sus cargos, estén en la obligación de cumplir con lo prometido durante la campaña electoral, como informó el presidente el Observatorio de los Derechos Humanos, Guillermo Vilela.
“Vamos a ser vigilantes del cumplimiento que hagan, y en caso de que no lo hagan vamos a hacer ejercer esa acción de cumplimiento para que pidamos sanciones, y que la ley se encargue de hacer respetar el derecho popular”, señaló el representante.
Además, precisó que todos los que han sido candidatos y en pocos días iniciaran sus labores como autoridades estatales están en la obligación de cumplir las promesas asumidas cuando solicitaron a la población el apoyo del voto y de esta forma cumplir con la voluntad popular.
Por su parte, el presidente del colegio de politólogos de La Paz, Sergio Alemán, acotó que se hará un constante seguimiento al nuevo gobierno para que al detectarse que no se están cumpliendo las promesas electorales comprometidas por los entonces candidatos, la población tenga la opción de exigir el cumplimiento de estas, no solamente mediante un simple reclamo sino apoyados en una acción legal.
“Vamos a hacer un seguimiento muy estricto de lo que pueda hacer el actual gobierno elegido, y en su caso, hay acciones constitucionales que nos permiten hacer el reclamo desde el punto de vista legal”, dijo.
Esta acción de cumplimiento se presentará en contra de todas las autoridades que sean posesionadas el próximo 8 de noviembre, y de esta forma garantizar el cumplimiento de las promesas electorales y la aplicación de sanciones en caso de que estas no lleguen a concretarse.
