Violencia doméstica, vivencia en encierro por pandemia que postergó las denuncias

Durante los dos meses y 10 días de la presencia de la cuarentena total en Bolivia se denunciaron 41 delitos sancionados por la Ley 348 "Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia", por día en promedio. De los 2.935 casos abiertos en el Ministerio Público, 2.378 –el 81%– corresponden a violencia familiar o doméstica.

Pero estas cifras no retratan la real incidencia de la violencia dentro de los hogares, porque que se presume que debido al confinamiento preventivo para evitar la expansión del Covid-19, las víctimas no pudieron presentar las denuncias, admitió la autoridad.

En los 71 días que duró la cuarentena rígida en Bolivia -del 22 de marzo al 31 de mayo- por la pandemia Covid-19, el Ministerio Público registró 2.935 hechos delictivos inmersos en la mencionada norma, para la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer Mónica Novillo, en un contexto de emergencia sanitaria -el cual obliga a la población a recluirse- la casa se convierte en un espacio hostil para muchas mujeres.

La ejecutiva observó que en los 71 días las mujeres llegaron a compartir un mayor tiempo con sus agresores, aspecto que intensificó las tensiones y los riesgos al interior de la familia, donde las personas más vulnerables, como los menores, abuelos y las mujeres podían correr el riesgo de repetir los cuadros de violencia.

Solo la Policía Boliviana, mediante sus reparticiones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y otras, lograron acudir a atender algunos casos denunciados de violencia doméstica, pero otra mayoría de los hechos se sometieron al silencio a presión de sus agresores con quienes debían pasar no solo los 71 días, sino la manutención de sus hijos e hijas, con quienes se vieron la tarea de mantenerse cautivos.

Pero las dramáticas cifras de violencia, se estima que durante este período hubo una reducción fue "del 24,5%, en abril del 65% y mayo del 59,5%. Esta información si bien no significa que disminuyó la violencia intrafamiliar como tal, sino que probablemente, debido a las medidas de emergencia sanitaria, las víctimas no pudieron hacer efectiva la denuncia.

Asimismo, se debe establecer que la mayoría de las personas ignoran sus derechos básicos. Mientras que muchos de los procesados/as fueron manipulados con amenazas en el tiempo de convivencia, factor que influyó para que dejaran de lado sus derechos mientras se mantenían las restricciones.

Los mismos operadores de justicia aprovecharon el desconocimiento que los acusados/as tenían de las leyes haciendo ofertas de sentencia y también amenazas. Es importante saber que entre los derechos básicos que se deben ejercer cuando una persona está involucrada en cualquier delito están, por ejemplo, el derecho al silencio, obtener un abogado y poder disponer de esta defensa, aunque no sea contratado.

Pero en suma existe una falta de transparencia en los casos no solo aquellos que llegaron a sus respectivos procesos, sino los hechos que no tuvieron la posibilidad de ser denunciados en su tiempo y no podrán ser registrados por falta de recursos, orientación jurídica y sobre todo acceso a la justicia por parte de las víctimas.

La violencia contra las mujeres ha sido planteada como una prioridad por el Gobierno de transición y, a pesar de ello, no se han concretado compromisos como la declaratoria de alerta nacional, ni medidas integrales que reduzcan su prevalencia. Muchas de las políticas públicas de gobiernos regionales, departamentales y hasta nacional, se concentraron en definitiva solo en los factores de salud generadas por el Covid-19, abandonando muchas otras problemáticas sociales como la violencia intrafamiliar, que a la larga representa otro factor de problemas sociales y hasta de salud mental o de adecuada convivencia al interior de las familias, aspecto que debería trabajarse en tiempos de la post-pandemia.