Reformas tributarias e incentivos para aumentar recaudación

Los países que tienen espacio para incrementar ingresos fiscales deberían contemplar reformas tributarias estructurales y tomar en cuenta incentivos para que las empresas y las personas contribuyan al sistema impositivo, de esa forma asegurar la sostenibilidad financiera, según una de las claves que señala el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2020 elaborado por CAF –banco de desarrollo de América Latina–.

Entre esas reformas se encuentran la ampliación de las bases tributarias mediante la reducción de las exoneraciones y exenciones fiscales, el mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias y el fortalecimiento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas.

En Bolivia, en entrevista con este medio de comunicación, la semana pasada, el empresario Xavier Iturralde lamentó que las tasas impositivas altas frenen el crecimiento de los emprendimientos económicos y por ello sugirió analizar el tema en la nueva coyuntura actual, tras la pandemia.

También señala que el envejecimiento poblacional, junto con los bajos niveles de cobertura y la insuficiencia de las prestaciones, pondrá una presión creciente sobre la sostenibilidad financiera de la gran mayoría de los sistemas de protección social de América Latina.

Las presiones financieras ligadas al envejecimiento se ven agravadas por tres hechos. Primero, el cambio demográfico se dará a una velocidad considerable, por lo que la ventana de tiempo para aprovechar el bono demográfico y preparar los sistemas de protección social es menor que en países que ya pasaron por esta experiencia.

Segundo, en muchos casos ya se parte de una situación deficitaria, por lo que, además de enfrentar las tendencias de largo plazo, varios países necesitan también reducir los desequilibrios financieros de sus sistemas de protección social en el futuro más cercano. Tercero, la crisis económica de la Covid-19 dejará a los Estados latinoamericanos con mayores niveles de deuda y déficits fiscales, en un momento en que existen muchas urgencias en materia de gasto público para paliar los efectos sociales de la pandemia.

Asimismo, el espacio existente en cada país para acomodar los efectos fiscales del envejecimiento es heterogéneo puesto que las situaciones de partida son diferentes dentro de la región.

También, otra clave es que la evidencia presentada indica que, además de medidas en otras áreas de la política pública, como la reducción de la informalidad, reformas que logren una mayor eficiencia en el gasto pueden contribuir a financiar parte de los costos del envejecimiento.

Para llevar a cabo las necesarias reformas tributarias, reforzar la regulación para lograr una mayor eficiencia en los gastos de salud y mejorar los diseños de las políticas sociales para conseguir mayor equidad y eficiencia, es preciso un Estado más ágil, más transparente y más inteligente en el uso de los datos y la información con la que se formulan las políticas de protección social, señala el documento.

Una de las falencias de la región, y con más incidencia en algunos países, es la referida a los datos estadísticos, la ausencia de éste evitó que se llegue con más ayuda a las personas más necesitadas, en su momento dijo el docente y economista de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal.

Educación

financiera

Por otra parte, en cuanto al índice de alfabetización financiera, el reporte señala que un estudio reciente de CAF para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, encuentra que las personas con un nivel educativo bajo, las que viven en zonas rurales, los jóvenes y los adultos mayores, son los grupos con menos capacidades financieras y que menos ahorran.

“Lo que queda claro de ese indicador es que los países de la región, en general, presentan bajos niveles de entendimiento de los instrumentos financieros relevantes para el ahorro previsional y la planificación para mitigar los riesgos financieros”, agrega.

Una muestra de ello es que los bonos otorgados por los gobiernos para soportar los confinamientos no pudieron ser transferidos a las cuentas bancarias de las personas por la falta de una cuenta personal, y además se suma a ello que menos del 70 % tiene cobertura financiera.

“Si se quiere evitar resultados indeseables, es preciso expandir las capacidades financieras de la población antes de introducir políticas que se basen mucho en la toma de decisiones de los individuos, por ejemplo, sobre los instrumentos financieros para gestionar sus ahorros previsionales”, dice el reporte con respecto al tema de pensiones.

Recuadro DE

Datos

En la actualidad, en América Latina más de 8 % de la población tiene 65 años de edad o más, muy por debajo del 18 % de Europa. Sin embargo, para 2050, se estima que la cifra se duplicará, hasta alcanzar el 17,5 %, y para finales de siglo, superará el 30 %.

Esos datos se destacan en el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2020 elaborado por CAF -banco de desarrollo de América Latina-, en el que se aborda el envejecimiento como un fenómeno generalizado, acelerado y con una importante incidencia fiscal en la región.

El gasto público en pensiones de la región equivale, en promedio, al 4,3 % del PIB y el gasto público en salud alcanza el 4,1 % del PIB. Para algunos países, como Colombia y Argentina, el crecimiento proyectado del gasto en pensiones y salud en los próximos 40 años podría superar los 6 puntos porcentuales del PIB como resultado del envejecimiento.

“En el RED 2020 proyectamos los efectos que tendrá el envejecimiento en la protección social para el adulto mayor, pero también encontramos que la informalidad es una gran amenaza para la sostenibilidad de esa protección social. Los cálculos realizados sugieren que la informalidad deteriora la base de contribuyentes en valores comparables a los que se producirán como consecuencia del proceso de envejecimiento en los próximos 40 años”, explicó Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF.

Entre 2005 y 2018, la informalidad se redujo en la región, con una caída en la proporción de asalariados informales de casi 9 puntos porcentuales. Sin embargo, cerca del 63 % de las personas ocupadas de la región, en promedio, trabajan aún en un empleo informal. Este panorama ha sido agravado por la importante destrucción de empleo formal como consecuencia del Covid-19. La pandemia impone desafíos en esta materia, en la medida que el mercado de trabajo no reasigne en trabajos de calidad a los trabajadores que perdieron su empleo y estos se refugien en empleos informales y con bajos salarios.

Pensiones

Tomando como referencia la tasa de reemplazo promedio para los países de la OCDE, que se ubica en el 59 %, los países con regímenes de reparto de la región se ubican en general por encima, y por tanto no presentarían problemas de suficiencia de sus montos. Las tasas de reemplazo de los regímenes de capitalización, en cambio, se ubican bastante por debajo del promedio de la OCDE, lo que apunta a potenciales problemas de suficiencia.

“El diseño de los sistemas de pensiones en la región debería seguir tres líneas generales, que son independientes de si los sistemas tienen una arquitectura de capitalización, de reparto o mixta. Primero, todos los adultos mayores deberían contar con un ingreso mínimo suficiente. Segundo, el componente contributivo de las pensiones debe estar equilibrado en términos financieros para ser sostenible. El tercer lineamiento se refiere a aspectos más específicos del diseño de las pensiones con un foco especial en los incentivos para aportar que ofrecen los distintos sistemas para aumentar la cobertura y los aportes”, agregó Sanguinetti.