Audios implican a jueza y fiscal del caso Banco Unión

El abogado Marwel F. que patrocinaba a Julio R., exjefe de Operaciones de la Banco Unión, de la sucursal de Desaguadero, único detenido por el desfalco de 1,6 millones de bolivianos, pidió a nombre de la jueza Melina L. y el fiscal German R., 19.000 dólares para que el proceso quede estancado y el denunciado se beneficie con detención domiciliaria, según tres audios a los que tuvo acceso EL DIARIO.

En uno de los audios, el jurista manifiesta que de acuerdo a sus cálculos económicos el fiscal del caso le cobraría al menos cinco mil dólares, mientras que la tarifa de la jueza Melina L. va desde los dos mil dólares para arriba, dependiendo el caso.

“Tiene su tarifa, no se arriesga, tiene su contacto (el esposo) y si arreglas con él automáticamente arreglas con ella. A ella no le gusta la plata, le encanta la plata”, se escucha en parte de uno de los audios donde el jurista conversa con familiares del imputado.

Este medio de comunicación buscó la versión de las autoridades judiciales que fueron nombrados en los audios, empero vanos fueron los intentos, ya que por el tema de la pandemia el ingreso a tribunales está suspendido y no hay pronunciamiento de la Fiscalía.

DATOS

Julio R. fue denunciado por realizar cinco sustracciones de dinero de las cuentas de los cajeros automáticos del Banco Unión en Desaguadero por medio de alteraciones al sistema de control. El 18 de mayo de 2018, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, empero según declaraciones anteriores de sus abogados sin ninguna prueba objetiva.

Al momento de detención, Julio ya era exfuncionario de la entidad bancaria y aseguró ser inocente de los cargos en su contra, y como en muchos otros casos, denunció que no se hace una correcta investigación de su proceso, siendo que a la fecha no se realizó la Inspección Técnica Ocular, ni la reconstrucción de los hechos.

Asimismo, manifestó la falta de informes del Banco Unión sobre las cinco fechas en las que supuestamente sustrajo el dinero, ya que las claves de acceso a las cuentas de los cajeros automáticos no son de uso único y el área informática de la entidad financiera también tiene acceso a ellas.

En este mismo caso, el 13 de diciembre de 2019 se denunció el extravío de cinco cajas de pruebas de las oficinas de la Fiscalía. Entre los documentos perdidos están una auditoría y datos sobre el movimiento de dinero de los cajeros automáticos.

Junto a Julio R. están imputados otros cinco funcionarios: dos de Santa Cruz y tres de sus colaboradores en La Paz.