Prioridad: hacer producir la tierra

Como efecto de una legislación agraria antidemocrática y anti indígena, elevada inclusive a nivel constitucional, la producción agropecuaria del país ha descendido a un grado inferior al necesario para abastecer las necesidades del consumo nacional.

Esa apreciación se confirma al observar que, por falta de abastecimiento interno, la población boliviana (en especial la andina) solo consume productos de origen extranjero. Grandes importaciones de alimentos llegan al consumidor por vía de las importaciones que hacen el Estado y comerciantes privados y, en particular, el contrabando elefante y hormiga. Según estadísticas oficiales, esas importaciones giran alrededor de mil millones de dólares al año… y están aumentando.

Se importa trigo, harina, maíz, arroz, fruta, papa, verduras, chocolate e inclusive chuño y tunta. Agravando esa situación, la migración humana del campo a las ciudades y el exterior ha vaciado el medio rural occidental. Tal población que migra a centros urbanos se ha convertido de productora en consumidora y donde no encuentra trabajo y está al borde de la delincuencia permanente.

En los valles y el altiplano se ha dejado de cultivar alrededor de 500 mil hectáreas de tierras de primera calidad. Unas 600 mil personas han migrado en todas direcciones. Es más, como el Estado tiene menos ingresos de divisas para importar alimentos, se perfila un futuro de escasez tan grave o peor que el que atraviesa Venezuela, víctima de ese mismo problema.

El Gobierno de Luis Arce Catacora enfrenta ese alarmante estado de cosas y no menos el Ministerio de Agricultura que, en épocas anteriores, perdió la perspectiva histórica y se dedicó a políticas agrarias de mínima cuantía o simplemente dirigió todos sus esfuerzos a la gran agricultura oriental que sirve casi exclusivamente para las exportaciones.

Una reforma, pues, de las políticas y la legislación agraria debe constituir una prioridad inmediata de las nuevas autoridades.