La medida política extrema conocida como juicio de responsabilidades es muy conocida y practicada en Bolivia y a él fueron sometidos varios expresidentes y altas autoridades de Estado.
El tema sobre esa clase de acciones político-judiciales a exmandatarios se ha actualizado en semanas recientes, cuando en el Congreso la bancada del MAS, a tiempo de despedirse de sus actividades, propuso esa acción contra la aún entonces presidente del llamado Gobierno de Transición, Jeanine Añez, quien tuvo en sus manos el timón de la nave del Estado durante casi un año, desde el 12 de noviembre del año pasado.
Las causas que originaron ese juicio son, sin embargo, relativas, pues los sucesos de violencia en Sacaba y Senkata se produjeron en momentos de conmoción social y que estaban derivando hasta en un estado de guerra civil, circunstancias excepcionales cuando el Estado estaba autorizado a actuar en forma defensiva del orden público y, aún más, cuando masas desorientadas trataban de asaltar el inerme pueblo sacabeño, sobrepasar a las fuerzas del orden y avanzar sobre Cochabamba con fines depredadores y, enseguida, continuar marcha sobre Oruro y La Paz con los mismos fines -según se informó la opinión pública por medio de televisión, periódicos, etc.-.
En cuando al caso de Senkata, se puede decir que estaba por ocurrir lo mismo o algo mucho peor y la actuación defensiva del Estado contra ese disturbio, que pudo haber sido devastador y provocado una tragedia de grandes proporciones, tuvo que ser moderado con energía, como no podía ser de otra manera, ya que no existía otra forma de frenar una acción vandálica originada y respaldada por instrucciones emanadas en Buenos Aires y emitida por teléfono a través de un emisario por el exgobernante que días antes había renunciado a sus funciones.
Sin embargo, pese a que ese juicio de responsabilidades a Jeanine Añez sería inviable por no ser de carácter personal, esa medida debería realizarse por otras causas de verdadera gravedad, aunque no para adoptar sanciones individuales, sino para recoger y aprovechar las lecciones de la historia. Es innegable que la presidenta Añez, inspirada por sus asesores, cometió errores de consideración que causaron grande daño a la Nación y la democracia bolivianas, como desconocer las reglas que se debe cumplir cuando se produce un movimiento insurreccional triunfante contra la tiranía encaramada en el poder y que se había divorciado del pueblo.
En efecto, organizó una inefectiva Junta de transición a órdenes de la contrarrevolución y, por lo contrario, no formó un gobierno provisional que sea el órgano de la insurrección popular triunfante, destinado exclusivamente a convocar a elecciones, de una Asamblea Constituyente que dicte una nueva Constitución, que hubiese sacado al país, en forma definitiva, del círculo vicioso en que se encuentra.
Este juicio no debe estar dirigido a condenar ni a llevar a algunos al paredón, sino orientado a una autocrítica medular, señalar los errores de tal forma que sirvan de experiencia política para que no se repitan, no hagan retroceder la historia y así no dañen la vida material y espiritual del sacrificado pueblo y, finalmente, no se tenga que reiterar la sentencia de que en las espaldas de este pueblo se puede sembrar nabos... sin que alguien proteste.
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