¿El saneamiento de tierras tuvo alguna utilidad?

Después de 30 años de aplicación de la Ley INRA, el Instituto de Reforma Agraria (INRA) ha concluido el proceso de saneamiento de la propiedad de la tierra, actividad que ha puesto fin al funcionamiento de esa dependencia estatal.

Esa ley dictada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y continuada con agregados y reformas por el gobierno de Evo Morales, debió realizarse en diez años, pero duró algo más de 30 y mientras el gasto inicial fue calculado en 50 millones de dólares, terminó costando alrededor de 300 millones de dólares, financiados en parte por el Estado boliviano y en parte por instituciones extranjeras.

Esa disposición fue, en forma específica, sanear la distribución de la tierra que hizo la Reforma agraria de 1953. La medida se aplicó por medio de un nuevo sistema administrativo, así como de técnicas modernas.

Pero, después de 30 años de la práctica de esa medida, se puede decir que el tiempo y los gastos realizados fueron muy poco positivos en relación con las buenas intenciones anunciadas inicialmente, pudiendo citarse especialmente que, pese a que toda reforma agraria tiene el objetivo de hacer producir más la tierra, no logró conseguir ese resultado.

En sí misma, se puede decir que la operación de saneamiento fue exitosa. Sin embargo, desde el punto de vista económico agrario solo sirvió para consolidar el antiquísimo sistema de distribución de la propiedad del suelo, lo cual, por consiguiente, no significa avance, sino un retroceso en lo que se refiere a la economía agraria. En efecto, por un lado, esa medida lo que hizo fue mantener el primitivo acceso, anterior a la época aymara, así como a la incaica, a la propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, impidió el desarrollo de nuevas fuerzas productivas y, en particular, la aplicación del sistema de trabajo pagado en salario. Eso en líneas generales. Pero, aparte de ese error, ¿se justifica el gasto de 300 millones de dólares en esa operación burocrática, que pudieron servir para fines productivos?

Francamente, no, pues, en vez de que con esos fondos se haga una nueva distribución de la tierra, más bien se consolidó el antiquísimo minifundio y el latifundio comunitario, heredados y sostenidos por el coloniaje español y toda la vida republicana.

En vez de ser creada una nueva y moderna distribución de la ocupación del suelo se la “congeló”, lo cual determinó prorrogar el arcaico sistema propietario, lo que, a la vez, significó frenar el desarrollo del sistema de propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, paralizar el desarrollo de un nuevo y moderno orden del sistema de producción.

La situación habría sido diferente y al presente no tendríamos falta de abastecimiento a los mercados urbanos y la necesidad de que el país viva consumiendo, como nunca, alimentos importados por alrededor de mil millones de dólares al año. Y, lamentablemente, ha cumplido su ciclo de vida con una frustración para el país.

Por esos aspectos, la Ley INRA ha sido un pozo sin fondo y ha terminado en un enorme cero, teniendo en cuenta la sentencia de que al árbol se lo conoce por sus frutos. Y considerando que los frutos del saneamiento han sido muy magros o no se han producido a no ser que se los exhiba.

Hoy, las oficinas del INRA han cumplido su ciclo de vida, aunque con muy poca suerte y, por consiguiente, o bien deben poner fin a su funcionamiento burocrático o bien cambiar sus “estrategia” económica, dándole un sentido nacional y democrático, para cumplir así el objetivo de toda reforma agraria, que no es otro que hacer que la tierra produzca alimentos y determine la riqueza de la nación y el pueblo.

De ahí que la responsabilidad del nuevo Gobierno no solo es resolver la cuestión agraria sino de la que depende la suerte del país en general. De otro modo, la “soberanía alimentaria” será solo un concepto lírico, como ocurrió en los 14 años anteriores.