¡Albricias, Bolivia!...

A días de la posesión de un nuevo gobierno, Bolivia observa con alegría el trabajo independiente de sus poderes políticos: el Parlamento - el Ejecutivo. Tal como había sugerido también para el Poder Judicial (Poder de naturaleza diferente) el propio vicepresidente, en fecha 8 de noviembre de 2020.

EL ACIERTO DEMOSTRADO

Afortunadamente bajo la participación de gente que sabe, la llamada Asamblea Nacional trata el problema de los 2/3: un problema que incumbe al Plano Nacional. Por su parte, el Ejecutivo nombró a sus colaboradores y el presidente exige trabajo de reconstrucción. Ciertamente que hay mucho por hacer para superar los desafíos actuales: el padrón electoral (Caja negra), la posible existencia de un bloque de data alterno, técnicamente reservado; la planificación Democrática, el perfeccionamiento del trabajo judicial; la implantación de los Instrumentos Permanentes de la Evolución del Desarrollo. En fin, nos novemos juntos con iniciativas destinadas a mostrar que Bolivia debe preservar y desarrollar las tradiciones democráticas propias a su pueblo.

Con un auténtico centro de debates y resultantes medias, quitamos el simple escenario de los “levanta manos”. Percibimos una voluntad en marcha y así se perfila la unidad. El Parlamento –dentro del Sistema Político- logra su correcta ubicación y queda diferente del Ejecutivo. Esta relación que se lleva sobre la base de una estrategia, se inscribe con ventaja con los grupos sociales que se quejan lacerantemente, que el gobierno no los escucha. El Parlamento a tiempo de ser la caja de resonancia, no establece simplemente una relación bilateral cualquiera. El Parlamento debate y el objetivo es establecer un diálogo de bloc a bloc con el Ejecutivo, como acontece en cualquier buen gobierno que convierte las exigencias sociales en acciones concretas.

LA MARCHA DE LOS PODERES

La existencia de un sistema electoral que asegura una representación justa posible de electores, constituye una condición al funcionamiento democrático del parlamento. Los poderes del Estado tienen que ser totalmente independientes. Ellos tienen una indudable organización interna. De donde resulta que el trabajo de la separación de los Poderes del Estado en sus órbitas correspondientes ¡¡es indispensable!! Consecuentemente, no se puede manejar -a título de «coordinación» de poderes- con simples mayorías u otros pereques, el trabajo especializado de cada función.

El Parlamento -como vemos a continuación- tiene que ser autónomo y el Ejecutivo ejecutar los dictámenes que vienen de la ley. Y entre otras cosas, ambos poderes políticos del Estado boliviano son esencialmente temporales, nacieron y están presentes totalmente limitadas por el imperio de la ley.

En la realidad boliviana el Parlamento o la llamada Asamblea Nacional dispone de medios para ejercer el poder de legislación. Es el lugar donde las exigencias sociales se convierten en acciones concretas (adviértase que hay mucho por explicar). El Parlamento controla al Ejecutivo, como se tiene en el ejemplo concreto del Congreso peruano que acaba de destituir al Presidente y él toma las decisiones que incumben al plano nacional. En tanto que el presidente o Jefe de Estado, a quien le entregan el bastón de mando las Fuerzas Armadas de la Nación, tiene en la conducción de la política nacional e internacional poderes exorbitantes que ejerce sin control. Consiguientemente, las disposiciones legales que han servido para la instauración del abuso de poder personal deben ser suprimidas o corregidas.

Por otra parte, el avance de la democracia muestra que la gestión de los intereses de Bolivia está absolutamente centrada en las determinaciones que vienen de la base social, a nivel regional, departamental o nacional. Entonces, el Parlamento podrá inscribir con prioridad en el orden del día los proyectos de ley que requieren de discusión. Así cada Cámara fijará libremente su orden del día para varias sesiones por semanas o meses, para examinar las proposiciones de ley de iniciativa parlamentaria, ejecutiva o popular.