Investigación internacional
A un año de los hechos violentos en las localidades de Sacaba y Senkata, el Gobierno anunció para el próximo 23 de noviembre, la presencia de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la delegación estará encabezada por el presidente de esta comisión y 5 expertos de alto nivel internacional. Según el ministro de Justicia, Iván Lima, se busca que las víctimas, así como el pueblo boliviano, vuelvan a creer en la justicia.
Lima expresó que esta presencia representa una muestra del reconocimiento hacia aquellos ciudadanos bolivianos que perdieron la vida durante estos enfrentamientos. Además, señaló que es momento de alcanzar la reconciliación entre bolivianos y desde el gobierno se promueve el esclarecimiento de estas jornadas como una señal que fortalezca esta reconciliación.
“El Presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llega el día lunes 23 de noviembre junto a un grupo de 5 expertos del más alto nivel internacional a investigar todo lo que ha ocurrido en nuestro país el año 2019 sobre estos luctuosos hechos”, expresó Lima.
Señaló que con estas visitas se busca que las víctimas de los hechos violentos registrados durante la crisis post electoral, que aún no han sido aclarados, encuentren justicia y de esta misma forma, la población boliviana vuelva a depositar su confianza en el sistema judicial.
Adelantó, que desde el Gobierno se trabajará en facilitar todos los requerimientos e información que la comisión de especialistas solicite, incluyendo datos de las fuerzas del orden, sin que estas acciones se lleguen a afectar la soberanía nacional.
“Nosotros queremos abrir las puertas no solamente de los fiscales, jueces y expedientes, sino también de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a esta investigación internacional. Esta investigación, desde el gobierno va tener la mayor amplitud y el mayor reconocimiento, sin perder nuestra soberanía”, señaló.
Puntualizó que las investigaciones de la CIDH serán plasmadas en un informe, siendo el Ministerio Público el que tenga la última palabra en relación a las responsabilidades que emerjan de dicho estudio.
