Por denuncias
El diputado Carlos Alarcón dijo que se pide un informe detallado si existió alguna relación entre Chávez y la empresa mencionada. En caso de haber existido dicho nexo, detallar el tiempo de duración y si existieron otras oportunidades en que el ahora procurador formó parte en calidad de abogado.
Ante denuncias que sostienen la vinculación del actual titular de la Procuraduría General del Estado, Wilfredo Chávez, con la empresa China CAMC, la bancada parlamentaria de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) anunció que se solicitará a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa (ALP) una petición de informe escrito en la que el Procurador aclare todas las acusaciones que lo relacionan con esta empresa en el pasado.
El diputado y jefe de bancada de la agrupación Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, informó que se hizo efectiva la presentación de una solicitud de informe escrito ante el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, solicitando que el recientemente posesionado, Procurador aclare las denuncias presentadas sobre su relación con la empresa CAMC, situación que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.
“Es de público conocimiento que hay indicios reveladores de que el procurador general del Estado hubiera patrocinado, trabajado como abogado en relación a los intereses de la empresa transnacional CAMC, estamos dirigiendo esta petición de informe escrito al propio procurador por ser la fuente directa”, señaló Alarcón
En esta, se pide un informe en el que se detalle si existió alguna relación entre Chávez y la empresa mencionada. En caso de haber existido dicho nexo, detallar el tiempo de duración y si existieron otras oportunidades en que el ahora procurador formó parte en calidad de abogado, en otras causas, sobre todo si fueron en contra del Estado
Alarcón puntualizó que no se trata de cuestionar el derecho del libre ejercicio a la profesión del procurador, sino que se busca aclarar dudas en relación a cuestiones que podrían inhabilitar su posesión en el cargo.
“Hay un requisito especifico de incompatibilidad para el cargo, que es el haber patrocinado durante cinco años anteriores a la fecha de la designación, procesos judiciales o de cualquier naturaleza jurisdiccional en contra del Estado”
Precisó que contando con esta información, será la asamblea legislativa en un plazo de 60 días, la que se pronuncie sobre una posible objeción a la designación.
