El biodiésel y la economía nacional

Reducir el déficit fiscal e inyectar liquidez entre los productores y consumidores son las prioridades que tiene el Gobierno nacional, presidido por Luis Arce Catacora, para encarar la crisis económica que sufre el país.

Para llevar a cabo estas acciones necesitará de recursos económicos, que bien los podría obtener promoviendo el mayor consumo de biodiésel y bioetanol, que le permitirá reducir las importaciones de gasolina y diésel, y al mismo tiempo elevar la producción agropecuaria orientada a este objetivo.

Como dije en una nota de fines del año pasado, los biocombustibles constituyen una plataforma estratégica para la bioeconomía, no solo porque contribuyen a crear una matriz energética más limpia, sino por el posible efecto multiplicador de las bio-refinerías en otros sectores de la economía. Pues, ya a principios de la presente década Brasil, Argentina y Colombia eran los países latinoamericanos principales productores de bioetanol y biodiésel del mundo.

Un informe de la Cepal, la FAO y el IICA sobre las perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas, destaca la bioeconomía como una forma innovadora de impulsar el desarrollo rural sostenible en América Latina y el Caribe.

Beatriz Muriel, directora del Inesad, señala que la primera medida del nuevo Gobierno debe ser la promoción de la calidad del gasto, y así reducir el déficit fiscal. La segunda debe ser la promoción del desarrollo en alianza con el sector privado, pues la pandemia solo agravó problemas que se arrastra desde hace años.

El sector empresarial sugiere que la inyección de circulante en la economía nacional deberá ser de por lo menos unos $us 6.000 millones, equivalente al 15% del PIB, para poder reactivar la economía.

En una entrevista concedida a un diario mexicano, el presidente Luis Arce Catacora sostuvo que salir de la actual crisis económica por la que atraviesa el país tomará entre “uno y medio y dos y medio años” y aseguró que su Gobierno tiene un plan para revertir la situación y que espera aplicarlo a la brevedad posible.

El expresidente Evo Morales, el 8 de marzo de 2018, firmó con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz un acuerdo de entendimiento para incrementar los cultivos de caña en 18.000 hectáreas (ha), que permitan la producción de 80 millones de litros de etanol, hasta alcanzar las 155.000 ha en 2025 para producir 380 millones de litros de etanol.

De esta forma esperaba incorporar etanol a la matriz energética, impulsando la seguridad energética por la paulatina reducción de las importaciones de combustible y la consecuente reducción de la subvención a este carburante.

Con el aumento de la producción de bioetanol, la comercialización de este combustible llegará a otras ciudades del país, inicialmente con una mezcla que contenga un 8% de etanol anhidro, de acuerdo con la normativa vigente, que podrá ser incrementada gradualmente hasta un 25%, de acuerdo con la Ley 1098, de aditivos de origen vegetal.

Como nos lo recuerda el analista Zaratti, la producción boliviana de gasolina en 2017 llegó en promedio a los 24.000 barriles al día (bbl/d), y la demanda del mercado interno fue de 32.000 bbl/d, por lo que el país tendría que importar hasta 380 millones de litros de gasolina hasta 2025, y enfatizó que el posicionamiento de etanol en el mercado energético boliviano surge en un momento de baja producción de gas por parte de YPFB.

El etanol derivado de la caña de azúcar es uno de los combustibles alternativos más conocidos, pero no es el único. Conocido también como bioetanol, ya es producido en los países desarrollados como EEUU, donde lo hacen de maíz, y en Rusia y el norte de Europa de remolacha.

En América Latina, fue Brasil el que empezó a producir hace casi 30 años. Luego siguieron países como Ecuador y República Dominicana. Ahora también está nuestro país.

El uso del etanol como combustible empezó casi paralelo a la invención del motor de combustión interna, pero el descubrimiento del petróleo y sus precios bajos desplazaron su uso.

El autor es Economista, con doctorado en la Universidad de Salvador de Argentina, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Presidente de Fundempresa, Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.