Una eventual sentencia no lo llevaría a la cárcel, pero de acuerdo con la norma electoral, sí lo inhabilitaría a cualquier candidatura, y las bases de Adepcoca ya lo habían postulado como Gobernador.
El Ministerio Público presentó la acusación formal contra el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, por los delitos de atentados contra la seguridad de los medios de transporte, instigación pública a delinquir y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, empero no por la muerte del teniente de policía, Daynor Snadoval, por el que el líder cocalero fue imputado al inicio del proceso.
El abogado que patrocinó a Gutiérrez, Eusebio Vera, manifestó a EL DIARIO que si bien se llegó a la acusación, lo “satisfactorio” es que no se menciona la muerte del teniente Sandoval, ocurrido el 24 de agosto de 2018, hecho que fue el inicio de la investigación contra Gutiérrez y otros dirigentes de Adepcoca.
“Aquella vez Romero acusó directamente a Franclin Gutiérrez de haber cometido estos ilícitos, al existir una supuesta emboscada en el puente San Antonio del municipio de La Asunta”, recordó el jurista.
Vera recordó además que cuando pasaron los conflictos entre cocaleros y funcionarios policiales de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se habló de la presencia de ciudadanos peruanos y colombianos provenientes de grupos de guerrillas y que pretendían armar una guerrilla en contra del Estado, lo que en su criterio se desvirtuó.
En ese marco, el jurista apuntó que en los más de dos años de investigación del caso, no se encontraron los elementos que al inicio manifestaron.
“La defensa de Franclin Gutiérrez, a mi cargo en su momento, logró desvirtuar todos estos elementos como la muerte de Sandoval porque el primer médico que lo atendió, señaló que en su humanidad no existía ningún orificio de entrada ni salida de bala, lo que encontraron fueron heridas ocasionadas por sus propios camaradas”, explicó.
Asimismo, apuntó que recién en la morgue de la ciudad de La Paz, en la madrugada del 25 de agosto, el investigador descubrió la herida de bala con un orificio de entrada y salida en la humanidad de Sandoval.
“Todo lo ocurrido nos lleva a pensar de que en transcurso del traslado del cadáver del teniente Sandoval, del municipio de Palos Blancos a la morgue de La Paz, habría ocurrido ese disparo con arma de fuego”, dijo.
Manifestó que en el cuaderno de investigaciones existe una pericia que estableció que la herida de bala tiene un orificio de ingreso en el que se observa aumamiento, extremo que existe solo cuando el disparo se hace a quemarropa.
“Se habla de que el disparo se realizó de unos 70 centímetros aproximadamente, hecho que desvirtúa la tesis inicial de una emboscada”, aclaró.
El jurista apuntó además que la distancia entre el puente San Antonio y el lugar donde se encontraban los efectivos policiales son entre 500 y 800 metros de distancia, y los efectivos se encontraban echados en la vereda de tierra y disparaban hacia el puente.
“El disparo de ingreso que tiene Daynor Sandoval es en la pierna izquierda con un ángulo de 45 grados, como si le hubieran disparado de una planta baja a un primer piso, lo que objetivamente hablando es imposible porque los efectivos se encontraban al frente y echados en la tierra”, aseveró.
Por otro lado, Vera aclaró que los delitos por los que se lo acusa no son de mayor gravedad, ya que uno de ellos tiene una pena de cuatro años de privación de libertad; por lo que una eventual sentencia no lo llevaría a la cárcel pero de acuerdo a la norma electoral, sí lo inhabilitaría a cualquier candidatura, y las bases de Adepcoca ya lo habían postulado como gobernador.
OTROS ACUSADOS
Al igual que a Gutiérrez, la Fiscalía acusó a los cocaleros Osvaldo Bautista y Wilmer Silva, por los delitos de atentados contra la seguridad de los medios de transporte, instigación pública a delinquir y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado.
Sergio Pampa fue sindicado por los mismos delitos, además de tenencia, porte, portación ilícita y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes.
