Santa Cruz
> La Comisión Internacional de Derechos Humanos debe escuchar a quienes no tenemos tal vez la voz en el Parlamento, más aún que el MAS borró con el codo la representatividad de minorías al eliminar los dos tercios, según Roly Aguilera
Con relación a los disturbios suscitados en Montero el año pasado, que lamentablemente derivaron en la muerte de dos cruceños, el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, exigió que se adelante una investigación imparcial y totalmente transparente y bajo la misma línea, expresó su preocupación de que se esté manejando la posibilidad de que dejen en libertad a uno de los presuntos autores del hecho que ha sido identificado y relacionado por las FARC de Colombia.
En contrapartida, reclamó que el Gobierno nacional solamente se enfoca en la investigación de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto-La Paz), que involucra al anterior gobierno transitorio de Jeanine Añez, lo que considera que no corresponde solamente estos casos y que se debe incluir lo sucedido en la ciudad de Montero del departamento de Santa Cruz.
Roly afirmó que todo hecho de muerte exige que lleve se debe adelante una investigación, argumentando que cruceños no somos ciudadanos de segunda. “Se merece una investigación tomando en cuenta que se ejecutan a un cruceño de nuestro departamento”, agregó.
De acuerdo con lo anunciado ayer, la autoridad departamental mostró la carta oficial del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz presentada oficialmente a nivel de Estado ante la CIDH, por intermedio de la cual, basándose en el respeto a la democracia, se exige al organismo internacional de derechos humanos el respeto a las minorías, que normalmente están sometidas a la imposición de una mayoría abusiva. “La Comisión Internacional de Derechos Humanos debe escuchar a quienes no tenemos tal vez la voz en el Parlamento, más aún que el Movimiento al Socialismo borró con el codo la representatividad de las minorías para eliminar los dos tercios (en la Asamblea Legislativa)”.
El secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, refutó que esta medida del gobierno de Arce es inconstitucional y va contra la democracia pura, en el sentido de dar oportunidades a las minorías para que estas tengan un espacio en sus derechos.
