Aprehenden a jefe militar investigado por asesinato

Tras prestar su declaración informativa, el comandante departamental del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército (CEO), Alfredo C. M., fue aprehendido por el presunto delito de asesinato, en los hechos ocurridos en el sector de Huayllani – Sacaba, donde fallecieron diez personas a consecuencia de los enfrentamientos en noviembre de 2019, informó ayer la fiscal de materia de Cochabamba, Lizeth Martínez.

“Se ha emitido la orden de aprehensión al existir riesgo de fuga y obstaculización para la investigación, además de otros elementos en contra del efectivo militar. Él se encuentra en calidad de aprehendido y se realizarán los actos investigativos que se vean por convenientes para esclarecer este hecho”, apuntó Martínez.

Según los antecedentes, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019 en el sector de Huayllani del municipio de Sacaba, donde se encontraban pobladores del Chapare en una movilización que pretendía ingresar a la plaza 14 de Septiembre del municipio de Cercado. La marcha se quedó en el Puente Huayllani en Sacaba, donde había un contingente militar y policial que impidió el paso de los marchistas.

En el lugar, la Policía usó agentes químicos para dispersar a los manifestantes y se produjo un enfrentamiento con el contingente de efectivos policiales y militares que resguardaban el sector. Producto de estos hechos violentos 10 personas fallecieron y 90 resultaron heridas.

EXCLUSIÓN DE

POLÍTICOS

En contacto con EL DIARIO, el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistévan, advirtió que se repite la aplicación de la justicia de forma rápida con el eslabón más débil de una cadena de mando, que está integrada por el Presidente del Estado, el Ministro de Defensa, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), el Jefe de Estado Mayor del Comando y los Comandantes de Fuerza (Ejército, Fuerza aérea y Naval).

“Casos similares ocurrieron en febrero y octubre negro, como también con los misiles chinos, en el que cinco generales fueron procesados y enviados a la cárcel, pero ningún político fue procesado pese a que ellos fueron los que emitieron las órdenes de empleo de la fuerza, y para la ejecución de disposiciones operativas”, refirió.

Recordó que en el caso Porvenir, también fueron castigados policías de alto rango excepto aquellos políticos que ordenaron la represión. Lo mismo sucedió con el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, donde fue procesado y sentenciado un jefe policial.

“Hoy (ayer) fue aprehendido el general Alfredo C. del servicio activo, fue conducido como un vulgar bandido a celdas policiales vistiendo el uniforme militar, quedando establecido con estos malos ejemplos que el empleo de la justicia está al servicio del poder político, en consecuencia los miembros de las FFAA deben recapacitar en su rol constitucional, y actuar con firmeza, asesorar al poder político como corresponde sin entregar a su institución al servicio de un partido político”, dijo.

En ese marco, aseveró que el “envilecimiento de la justicia y del poder político” hacia los miembros de las FFAA sirva para que los militares se deban a su pueblo, a los sagrados intereses de la patria y no a servir a un político.

“Está claro que las FFAA no deben servir al político porque los abandona, y porque para ellos primero está el poder, el dinero y el partido, ellos luchan por sus intereses, por eso no hay duda que el más noble servicio es al pueblo. La única forma de que los militares se protejan de la injusticia de hoy, es sirviendo a su pueblo y a su patria, porque es el pueblo de quien se recibe solidaridad”, apuntó.

Aseguró que no hay duda de que los políticos hacen un pacto de protección, transando los intereses de la sociedad boliviana y por ello no cumplen sus compromisos.

“Es la mano traidora del político la que encarcela al militar, esa mano que primero implora ayuda y luego la usan para bajar el dedo. El militar termina en la deshonra y el político sigue viviendo de los impuestos y las riquezas del Estado”, lamentó.

ARRAIGO NATURAL

Por otro lado, Santistévan manifestó que una vez instalada la audiencia de medidas cautelares del general Alfredo C., seguramente presentará sus documentos que demuestren arraigo natural y otros requisitos para que pueda defenderse en libertad, ya que no representa un peligro para la sociedad y no existe peligro de fuga por estar en servicio activo.

Asimismo, dijo que no existen pruebas que sustenten la probabilidad de autoría, ya que como subalterno él recibió las órdenes del escalón superior y procedió en cumplimiento a los protocolos para el uso proporcional de la fuerza.

“Esperamos que impere el estado de derecho, y el respeto al debido proceso. En todo caso el General C., sabrá aclarar con hidalguía a quien le ordenaron hacer uso de la fuerza y cual la misión encomendada, para determinar la verdad histórica de los hechos”, apuntó.