El día 24, en la cancillería, se firmó el protocolo al que se sujetará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigará los sucesos político sociales entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, según se dice, junto a las muertes de unas 30 personas, estimadas en principio. Esta vez se accedería a los reclamos de incluir supuestas muertes y otros hechos violentos desde las elecciones de 2019 y posteriores a la renuncia del ex presidente Evo Morales. La función se prolongará durante seis meses, extenso período que hace presumir una investigación exhaustiva.
El ministro de Justicia Iván Lima al presidir el acto garantizó a la Comisión absoluta independencia en su desempeño. Los cinco miembros de la CIDH pertenecen a distintos países, lo cual no compromete la posición de los gobiernos, aseguraron. La CIDH emitió un informe preliminar de esos hechos, el mismo que fue impugnado por el gobierno transitorio, alegando que se nutría de una sola fuente y que no reflejaba la verdadera realidad. Ese relato resume que hubo una masacre en Senkata y Huayllani.
En esa oportunidad la Comisión se entrevistó abundantemente con los deudos y expectantes de los hechos en medio de pedidos de justicia y de llanto, lo que parece haberles impresionado. El informe preliminar no incluía las muertes de la localidad de Montero atribuidas a huestes progubernamentales de entonces, ni al ataque armado a una delegación de estudiantes y cooperativistas mineros de Potosí que pretendía plegarse a las manifestaciones de La Paz. Interceptados violentamente en Challapata y alrededores fueron denunciadas dos muertes y vejámenes a las jóvenes señoritas participantes. Estos hechos serán investigados también por los comisionados.
Siempre se garantiza independencia e imparcialidad de las partes, pero las experiencias lo ponen en duda. Para empezar, los personeros de los organismos internacionales acreditados, tradicionalmente han sido demasiado cautos y condescendientes con los gobernantes de turno y, por lo general, no se recuerda observaciones contradictorias a las pautas oficiales.
En declaraciones informativas una miembro de la comisión adelantó que ellos parten de que en octubre de 2019 se dio un golpe de estado en el país, aunque este aspecto no forma parte de su agenda, no obstante, considerado crucial por la opinión pública nacional. Tampoco es un tabú que este tipo de organismos de nivel internacional sean proclives a las tendencias políticas, empezando por la ONU y sus brazos sectoriales. Claramente hay una notable inclinación de tipo izquierdista. Se espera un desempeño objetivo e imparcial y receptividad a la totalidad de criterios existentes y no a una sola fuente y versión, como trasunta el indicado informe preliminar.
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