Militares en servicio pasivo rechazan persecución penal

Militares del servicio pasivo que este viernes protagonizaron marchas de protesta en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otras ciudades, en rechazo a la detención domiciliaria del general de Brigada Aérea Alfredo C., dentro del caso Huayllani, rechazaron la persecución penal ejercida por la Fiscalía, contra los efectivos del servicio activo.

“Rechazamos categóricamente la persecución penal ejercida por el Ministerio Público, contra los militares del servicio activo, con el afán de cercenar la moral, humillarlos y alterar la conducción del mando militar”, dice parte del pronunciamiento leído en las movilizaciones.

El jueves, la justicia ordenó la detención domiciliaria, sin derecho laboral, para el general Alfredo C., además de una fianza de Bs 250.000, la firma de un libro de asistencia dos veces por semana, arraigo y la prohibición de asistencia a determinados lugares, mientras dure el proceso.

MOVILIZACIONES

En las movilizaciones de este viernes, los militares en servicio pasivo exigieron que el proceso en contra del general Alfredo C. pase a la justicia militar, debido a que este caso nace a raíz de un operativo militar.

“Las FFAA es víctima de una persecución judicial violenta, humillante e ilegal, promovida por el poder político, empleando a la justicia como órgano represor de los bolivianos. La detención del Gral. Alfredo C., en servicio activo, subordinado al mando natural, es un agravio a los componentes de las FFAA porque se intenta cercenar la justicia militar y la moral de los militares”, lamentó el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan.

Recordó que las FFAA son una institución fundamental que sustenta entre sus principios la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE), la democracia y los derechos y garantías de los ciudadanos.

Manifestó que las FFAA dependen del presidente del Estado, porque él es quien ordena y dispone su empleo para mantener el orden público cuando las instituciones legalmente establecidas resultaren insuficientes.

En uno de los puntos del pronunciamiento, los militares rechazan el preconcepto del Ministerio Público, que tiene fijado como única regla, que la presencia militar en manifestaciones, equivale a represión y asesinatos.

Asimismo hicieron un llamado a las autoridades políticas y judiciales, para retomar el curso de la legalidad y el estado de derecho, respetando a la justicia militar y la cadena de mando, para evitar que la tensión alcance puntos extremos.

“Exigimos, a quienes intentan castigar y someter políticamente a las FFAA, declinen en sus propósitos y por el contrario castiguen a los delincuentes, terroristas, corruptos y narcotraficantes que alteran la paz social del Estado”, se lee en otro punto del pronunciamiento.