Ante Asamblea Legislativa
Por segunda vez, los consejeros de la Magistratura, Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel serán sometidos a juicios de responsabilidades por incumplimiento de deberes en la Asamblea Legislativa (AL) anunció este viernes el ministro de Justicia, Iván Lima.
El titular de Justicia aclaró que el proceso que inició esa cartera de Estado en días pasados, es porque los consejeros de la Magistratura incumplieron la Ley 1173 de Reforma Penal, cuyo plazo terminó el 23 de febrero.
“Ellos (los asambleístas) decidirán si los suspenden o no por dos tercios de votos. Si respetamos la ley hay 60 días hasta que ellos sean apartados si la Asamblea Legislativa Plurinacional los encuentra responsables, yo no puedo adelantar la sentencia, pero ellos incumplieron la ley 1173”, apuntó Lima.
PRIMER PROCESO
En meses pasados, Elizabeth Cornejo, Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron un auto de medida cautelar que dejó sin efecto el artículo 39 de la Ley 612, con lo que se evitaba juicios de responsabilidades contra autoridades y la suspensión de los Consejeros de la Magistratura, quienes fueron imputados por irregularidades en la designación de jueces.
En septiembre pasado, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados imputó a los consejeros de la Magistratura, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, por presuntos hechos de corrupción en la designación de 169 jueces. La medida fue aprobada por unanimidad entre legisladores de oficialismo y oposición, por lo que ambos tendrían que haber sido suspendidos, empero el recurso legal del TCP impidió el extremo.
“El Tribunal Constitucional ha suspendido todo juicio de responsabilidades, ha dejado sin efecto el artículo 39 de la Ley 612 que facultaba a la Cámara de Diputados suspender a los consejeros”, manifestó en la oportunidad el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, a EL DIARIO.
El entonces diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, explicó que el 13 de marzo de 2020, el legislador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gonzalo Jarro, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 612: “Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”, cuyo objetivo sería proteger al fiscal general Juan Lanchipa y a los magistrados procesados por casos de corrupción.
En la oportunidad, Borda aseguró que el recurso legal emitido por el TCP es una carta blanca para que ellos puedan “hacer lo que les dé la gana” sin poder ser juzgados ni suspendidos en el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, Lima aclaró este viernes que ya no existen restricciones para que se lleven a cabo los juicios en contra de los consejeros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la crisis en el sistema penal.
“Había una medida cautelar que impedía que se desarrollen y concluyan los juicios contra consejeros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero con la sentencia 34/2020, ese candado se ha levantado, ya no hay restricciones”, precisó.
