En torno a la reforma parcial de la justicia

Si se busca la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, no debiera contemplar solo el tema judicial que, siendo muy urgente e importante, debe necesariamente abarcar otros aspectos no menos cruciales para el buen manejo del Estado. El ministro de Justicia, el jurista Iván Lima, parece estar guiado de buenas intenciones, pero afirma que la reforma será única y exclusivamente para el tema judicial. Esta posición le señala, a la en ciernes Comisión Asesora de la Reforma, un norte trazado de inicio.

En el mismo sentido, el ministro se manifiesta por una designación por voto ciudadano, marginando la otra alternativa, la meritocrática, destinada a proveer los distintos tribunales que presiden la administración de justicia del país. Ésta última tiene como parámetro la cualificación académica, experiencia y solvencia ética de los magistrados. Ha dejado impreso el gobierno de los catorce años, el ceñir las decisiones a las directrices trazadas por las principales autoridades a través de los medios y de otros canales. Consiguientemente, tal sería la ruta de trabajo de la Comisión Asesora de la Reformas en actual designación, ya que la directriz está dicha.

La Constitución vigente en materia judicial dispone la vía electoral sujeta a la selección previa del Órgano Legislativo Plurinacional, procedimiento dependiente de la mayoría parlamentaria. Si se interpreta la propuesta del ministro al respecto, se trataría de un procedimiento de recambio de los magistrados en funciones por otros nuevos. Esto no supone una transformación del procedimiento de designación y, en el fondo, tampoco exigiría una reforma.

Se dice haber sido convocados para el efecto, los partidos opositores en el Parlamento. Solo los de Podemos han expresado su apoyo a la elección legislativa por méritos. En cambio, Comunidad Ciudadana no se pronunció, lo cual dice poco sobre una verdadera reforma. Como el sistema electoral aplicado en dos oportunidades, ha mermado fuertemente la confianza y credibilidad de magistrados y jueces ante el colectivo nacional, la otra alternativa queda justificada.

Ahora bien, la reforma constitucional demanda otros temas importantes, si bien no integrales como debería ser. Así se hace necesario elevar a nivel constitucional los ascensos de militares y policías, así como de diplomáticos de alto nivel y plenipotenciarios, atribuciones absorbidas por los reglamentos camarales en las postreras deliberaciones de la anterior Asamblea Legislativa. Esta inclusión ha de gozar también de un amplio consenso nacional. La Comisión Asesora en formación debería tenerlo en cuenta.