Conforme transcurre el tiempo, hay mayor necesidad de que la institucionalidad vuelva a tener vigencia; el gobierno precisa actuar al unísono con el Poder Legislativo en la selección y elección de nuevos funcionarios de jerarquía, conjuntamente la Contraloría General, que en las últimas décadas ha descuidado totalmente su obligación de intervenir y tomar debida nota de quienes ocupan cargos en la administración del Estado. Hace poco se informó que el ente fiscalizador ha comprobado las “declaraciones” de bienes de ministros y parlamentarios; pero muy poco se dio a conocer sobre resultados.
Es preciso que junto al gobierno las organizaciones políticas, cívicas e institucionales tomen conciencia de la necesidad de fortalecer nuestro sistema democrático, darle más vigencia en el funcionamiento del aparato administrativo y promover que se entienda el sistema como el mejor para el gobierno y el más apropiado y conveniente para el pueblo, que no debe sufrir inclinación alguna por situaciones anárquicas o caóticas que nos causarían mucho daño.
En tanto más hayamos fortalecido nuestra democracia, más derecho a la libertad tendremos los bolivianos; cuanto más acojamos los principios constitucionales y legales, más fortalezas habrá en las virtudes y mayores probabilidades de que se hagan valores y principios en bien de todo el conjunto de bolivianos, no solamente de las actuales generaciones sino de las que vienen, que precisarán de un régimen democrático sólido, coherente y acorde con los desafíos que toda la humanidad deberá enfrentar.
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