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Oficialismo pide juicio de responsabilidades

TSJ tratará proceso contra Morales por caso terrorismo


Luego del anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre declarar procedente su competencia para admitir la denuncia en contra del expresidente Evo Morales, por el delito de terrorismo, parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) señalan que en este caso procede un juicio de responsabilidades, pues la Asamblea Legislativa nunca trató la renuncia del exmandatario, por su parte desde la oposición piden que el partido de gobierno se enmarque en la justicia.

Los legisladores oficialistas sostienen que no es procedente que el exmandatario enfrente un juicio en el TSJ pues la renuncia de Morales nunca fue tratada por la Asamblea Legislativa a causa de los conflictos después de las elecciones generales de 2019, por lo que señalaron que en este caso corresponde un juicio de responsabilidades.

El senador Luis Adolfo Flores sostuvo que en los días de conflicto post electoral, los legisladores no lograron reunirse en sesión para tratas a renuncia de Morales, pues se gestaba un supuesto golpe de estado.

“Él presentó la renuncia y no se debatió en la Asamblea, la normativa dice que se debe aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no se debatió porque había un golpe de estado, no se permitía entrar a la Asamblea, Senadores y Diputados no podían hacer sus sesiones”, refirió Flores.

Desde la oposición señalan que el partido gobernante debe enmarcarse en la ley y acatar lo que mandan las instancias judiciales sin acomodar las figuras para beneficiar al ex mandatario con penas menores, la senadora Andrea Barrientos, pidió al MAS, acomodarse a la ley.

“Tiene que ser un juicio ordinario, y cuando se trata de crímenes de lesa humanidad no solamente se lo tiene que procesar. El Movimiento al Socialismo no puede jugar y decir que sea un juicio de responsabilidades, la justicia no se acomoda al MAS, es el MAS el que debe acomodarse a la justicia”, manifestó.

El proceso en contra del expresidente Morales fue presentado durante el gobierno de la presidenta Jeanine Añez, después que se hicieron públicos unos audios en los que presuntamente ordena a sus bases del trópico bloquear carretas e impedir el paso de alimento y combustible a las principales ciudades del país.

 
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