Según coronel del Ejército en servicio pasivo
> Ministro de Defensa sostuvo que no hay fueros por delitos de lesa humanidad
El Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) debe de proporcionar asistencia legal y cubrir la fianza de Bs 250.000 que fijó el juez cautelar de Sacaba para el general Alfredo C., imputado por los hechos de Huayllani, ocurrido en noviembre de 2019, manifestó a EL DIARIO, el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado, Jorge Santistevan.
“Es su deber y obligación asumir defensa por ese oficial, quien en servicio activo, en cumplimiento de sus funciones, supuestamente cometió actos irregulares. El Comandante en jefe no debe dejar desamparado a ningún miembro de las FFAA, en tanto se debe reclamar esta cuestión de competencias de si debe ser juzgado por la justicia militar u ordinaria”, apuntó.
Aseguró que los hechos de la vida militar envuelven un esfuerzo y riesgo singular y sacrificado que de no existir autoridades así como leyes severas que las impulsen y respalden no sería posible su propia existencia.
Refirió que el artículo 245 de la Constitución Política del Estado (CPE) especifica que las FFAA como organismo institucional están sujetas a las leyes y a los reglamentos militares.
En ese marco, dijo que desconocer este artículo constitucional supondría olvidar las funciones de una alta autoridad del Estado como lo es una MAE (máxima autoridad ejecutiva) y ello sería un error en la vida institucional.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que la justicia obra en el marco de las leyes, y “cuando se trata de delitos de lesa humanidad, no hay fueros” para nadie.
“La CIDH está en Bolivia, encabeza este proceso investigativo. Nos han informado que indagan estos hechos, delitos de lesa humanidad, y la situación del general Alfredo C. debe verse en el estricto marco de la justicia, que es la que está al mando del proceso”, dijo Novillo.
El titular de Defensa apuntó que todos los bolivianos respondemos por nuestros actos ante la justicia, sin fueros ni privilegios para nadie.
Al respecto, Santistevan manifestó que el Ministro de Defensa desconoce la finalidad jurídica de la justicia militar, porque precisamente es ella la que da fundamento sobre la posibilidad de actuación justa de las FFAA conociendo hasta dónde puede llegar y cómo se debe actuar, evitando no rebasar la esfera de sus competencias legales y constitucionales. “La justicia militar supone la aplicación de reglas de la ley penal dentro de los límites jurídicos y sociales. Si el Ministro de Defensa quiere enfrentarse o convertirse en perseguidor de las FFAA que postule al cargo de fiscal general”, sostuvo.
Manifestó que se debe esperar los resultados de las investigaciones de los expertos de CIDH “aunque sus delegados son afines al neo-socialismo oficialista”.
“El ministro indirectamente da por hecho a través de su declaración, que las FFAA hubieran cometido delitos de lesa humanidad y no quiere reconocer que existe una justicia militar, la misma que tiene jurisdicción castrense y que por la mano política crea conflictos de jurisdicción y de competencia con la justicia ordinaria dejando una estela de dudas en relación a la coherencia con que se da tratamiento a la referida temática, lo cierto es que la justicia militar es una garantía funcional como constitucional y legalmente se encuentra establecida para juzgar delitos ante los respectivos Tribunales Militares”, refirió.
DATOS
El 26 de noviembre de 2020, un juez de Sacaba envió con detención domiciliaria bajo custodia policial al general Alfredo C., imputado por la masacre de Sacaba, ocurrida en noviembre de 2019. El fallo del juez prohíbe, además, comunicarse con otros testigos e implicados en el caso y le obliga a acudir a la sede de la Fiscalía de Sacaba dos veces por semana para firmar, así como una fianza de 250.000 bolivianos.
El jefe militar fue aprehendido el pasado 24 de noviembre y en su declaración informativa dijo que esos días sólo cumplía funciones administrativas y ejercía como quinto al mando.
Alfredo C. es el primer imputado por los conflictos post electorales, por ello el comandante en jefe de las FFAA, leyó un comunicado en el calificaron de “desconcertante” la decisión tomada por la justicia.
“Como fieles cumplidores de la ley estaremos a la espera de los resultados finales de las investigaciones que se están efectuando”, afirmó el comandante de las Fuerzas Armadas, general Jaime Zabala, quien ha defendido la actuación del Ejército siguiendo las directrices del Alto Mando y no bajo “formas arbitrarias”.
