La Federación de Empresarios Privados de Potosí apoya las opiniones del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barbery, en relación al Instructivo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que dispone el pago del aguinaldo 2020 amparado en disposiciones legales, y propone tres sugerencias para aliviar la carga económica para las empresas.
Los empresarios de Potosí señalan que el pago del aguinaldo, ingrese en una negociación de plan de pagos con los trabajadores; también solicitan créditos a bajos intereses y largos plazos para cumplir con ésta obligación de fin de año; y que parte del aguinaldo 2020 sea cancelado en productos bolivianos.
Recuerda que la pandemia del Covid-19 ha afectado a la productividad y, por tanto, al mercado de consumo de bienes y servicios en el país, lo que ha motivado que el gobierno central disponga la entrega de bono Canasta, Familia y Universal en el gobierno de transición y el actual gobierno proceda la entrega de un bono de 1.000 bolivianos denominado Contra el Hambre.
La implementación de políticas económicas de subvención para encarar la crisis, implícitamente muestra que el gobierno central ha aceptado que la pandemia afectó a toda la sociedad boliviana: a los trabajadores del sector público, privado y en especial a los empresarios privados. “Obviamente, el gobierno ha utilizado recursos del TGN y de préstamos externos para paliar esta necesidad de los diversos sectores del país, mientras que el sector privado no ha logrado en casi ocho meses acumular recursos para el aguinaldo del presente año”, apunta.
Además, explican que muchos empresarios privados han accedido a contratos con el gobierno central, departamental y municipal para la construcción y dotación de bienes y servicios, pero por la pandemia quedaron suspendidos los pagos por obras ejecutadas.
Así mismo, se ha paralizado la cancelación de otras obras en construcción desde el año 2019 por lo que, el sector privado también ha paralizado sus relaciones contractuales con sus trabajadores y proveedores, señala el comunicado.
“En este año 2020 no se han contratado nuevos servicios de privados por parte del Estado; naturalmente ésta situación de retraso en los pagos y deudas de los gobiernos departamental, nacional y municipal, no han permitido la acumulación de recursos para cumplir con las obligaciones del aguinaldo”, sostienen.
Por ello solicitan al Gobierno central la aplicación de políticas de Estado concordantes con la crisis que atraviesa el sector público y el sector privado, inédita en el curso de los últimos cien años, pues esta crisis de salud ha sido mundial, afectó notablemente al país.
La Federación de Empresarios Privados de Potosí, como institución legalmente constituida manifiesta que, los empresarios potosinos, siempre han cumplido con sus obligaciones obrero patronales y lo seguiremos haciendo a futuro, sin embargo, hay empresas que han sido afectadas corriendo el peligro de entrar en quiebra, lo que afectaría, especialmente, a los trabajadores, aunque está claro, que habrá otras empresas potosinas, las menos, que podrán cumplir con sus obligaciones.
Para sustentar los criterios de la FEPP, instan a las autoridades del gobierno central una audiencia a fin de llegar a acuerdos que beneficien a los trabajadores.
