Según nuevos decretos
> Gobierno busca recursos para destinar a la inversión pública y apoyar a las empresas públicas
Con el argumento de seguridad alimentaria y ante el favoritismo a empresas privadas, el Gobierno derogó varios decretos supremos, algunos específicamente para retomar el control a las exportaciones y agilizar los tributos adeudados por contribuyentes, que fueron diferidos por la pandemia y la desaceleración de la economía.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, fue claro al señalar que las normativas no cumplieron su rol y además frenan nuevas medidas para reactivar la economía nacional.
Nombró, por ejemplo, el decreto que creó el Fondo de Reactivación (Fore) con 12.000 millones de bolivianos que no fue desembolsado; la misma suerte corrió el Fondo de Garantías Sectoriales (Fogasec), con 1.100 millones de bolivianos ni se constituyó, y el Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria (Fogaviss) fue desembolsado a un Fideicomiso, pero no se ejecutó ni garantizó ningún crédito de vivienda.
Tributos
Por otra parte, informó que también se derogaron los decretos referidos a los tributos que se aplicaron en el Gobierno de Transición, y que los mismos representaron una deuda acumulada de aproximadamente 2.000 millones de bolivianos.
Afirmó que las normas promulgadas por urgencia de la pandemia representaron para el erario nacional un sacrificio grande. Por ejemplo, el diferimiento del Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE) alcanzó a noviembre una deuda acumulada de 160 millones de bolivianos.
Informó que el diferimiento del IUE de 2019 representó una deuda de 1.500 millones de bolivianos.
“Eso explica el porqué el déficit fiscal se amplió”, apuntó la autoridad en conferencia de prensa a tiempo de indicar que el diferimiento temporal del gravamen arancelario a importación de trigo representó una deuda tributaria de 4 millones de bolivianos.
Asimismo, la normativa emitida para incentivos tributarios para reactivar la economía alcanzó una deuda de parte de los contribuyentes de 160 millones de bolivianos.
Más de 500 millones de bolivianos representan la deuda tributaria de los contribuyentes a noviembre de la presente gestión, que fueron diferidos por la pandemia, y sumado a la del 2019, la cifra se eleva a 2.000 millones de bolivianos.
Las exenciones tributarias representan problemas a la Aduana y a Impuestos, y por ello la autoridad ha instruido a ambas instituciones a que empiecen a contactarse con los deudores para que puedan regularizar sus pagos.
Déficit
La abrogación de decretos para recuperar los tributos diferidos apunta a financiar la inversión pública y para que el Estado tenga recursos mediante el cobro de tributos.
La “idea es que el Estado tenga financiamiento genuino (mediante) tributos. En la medida de recuperar (estos) recursos, obviamente el déficit fiscal va reduciendo”, señaló la autoridad al indicar que también el objetivo es dejar recursos para la inversión pública y apoyar a las empresas públicas.
La autoridad informó que las empresas públicas fueron ahogadas en los 11 meses, y no se les permitió producir, y una muestra clara fue lo que sucedió con la planta de Urea, que registró una pérdida de 257 millones de dólares.
Lamentó que haya habido un manejo discrecional de las empresas públicas, lo que provocó un daño al estado.
Por su parte, el presidente Luis Arce Catacora escribió en su cuenta de Twitter (@LuchoXBolivia) que están “desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019. Hoy (por miércoles), en reunión de gabinete, abrogamos siete decretos supremos que, con el pretexto de la pandemia, favorecían a ciertos sectores y grupos de poder con ventajas impositivas y otros beneficios”.
