En el apretado y apresurado calendario electoral para las elecciones subnacionales de marzo del próximo año, hasta la fecha han aparecido varios candidatos a alcaldes y gobernadores con las siglas de los partidos opositores al populismo, pero, como sabemos, éstos están en crisis de credibilidad y respaldo popular, distinto del partido oficialista que tiene una base de apoyo de carácter étnico y que debido precisamente a la dispersión de los partidos opositores, retomó el poder, luego de haber sido echado del mismo el caudillo que gobernó por casi catorce años continuos, gracias a un movimiento espontáneo de las clases medias en las ciudades, como protesta por el grosero fraude que hizo el populismo en las elecciones de octubre de 2019.
En la sede de gobierno y cabeza política del país, se han autoproclamado varios candidatos al gobierno municipal, que hace 20 años es gobernado por la gente de Juan del Granado. El primero de los precandidatos ha sido el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea que tuvo una destacada actuación en defensa de los trabajadores de la salud y su demanda por mejores condiciones de este importante servicio y en rechazo por un código penal que afectaba a elementales derechos humanos. Luego apareció el señor Arias, ex ministro del gabinete de la señora Áñez, ahora achacado por el actual gobierno de todos los males que nos aquejan de mucho tiempo atrás y que ningún ex funcionario de ese gobierno hace defensa alguna. El ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, también anunció su candidatura a alcalde, y algún otro desconocido postulante.
Las organizaciones cívicas y vecinales paceñas se han pronunciado para que el próximo alcalde sea un ciudadano nacido en La Paz, exigencia que solo la cumple precisamente el presidente del Colegio Médico paceño. Pues en ninguna otra ciudad del país se permite que sus autoridades sean extrañas a su terruño.
Si bien es cierto que para ejercer un gobierno municipal o gobernación, no se requiere una ideología política partidaria, sino una voluntad de servir a su comunidad desde una óptica cívica, las normas sobre elecciones obligan al padrinazgo de los partidos políticos, más aún cuando el oficialismo presenta candidatos estrictamente sujetados al poder político, lo que determina que las candidaturas se polaricen a favor o en contra del oficialismo.
La actividad política partidaria y las actividades de las organizaciones cívicas tienen por finalidad el servicio a la comunidad, pero la diferencia está en que los políticos promueven ese servicio desde una óptica ideológica partidaria y los cívicos por vocación de servicio a su comunidad, sin otra condicionante que no sea su amor a su ciudad, departamento o país. Esta es otra característica del candidato Larrea, que no tiene militancia política partidaria, aunque varios partidos y grupos políticos lo respalden con sus siglas. Lo cierto es que la sociedad boliviana está divida entre el populismo de gestión hegemónica y la democracia con independencia de poderes, estado de derecho y respeto a los derechos humanos.
Es aconsejable que en las más importantes urbes los grupos democráticos busquen un solo candidato y aprendan de las experiencias del próximo pasado, ya que por esa dispersión fueron derrotados, pues no olvidemos que la historia es un ejemplo de comportamiento.
La consigna de la hora presente es de la “unidad” de los grupos democráticos, para procurar un equilibrio de poder entre las fuerzas políticas y sociales, pues cuando una sola corriente controla el poder, estamos en una dictadura abierta o blanda, pero dictadura.
El autor es Abogado, Politólogo y escritor.
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