El Poder Constituyente ya expresó su voluntad en texto aprobado por la Asamblea Constituyente

La Constitución Política del Estado establece en el “Art. 178.I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. II. Constituyen garantías de la independencia judicial: 1. El desempeño de los jueces de acuerdo con la carrera judicial. 2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales”. Este mandato constitucional NO se cumple.

El Ministro de Justicia, Lima, en franca violación al Art. 12.I. de la CPE, plantea la reforma a la Constitución, sin respetar la independencia de poderes y contrató a los “notables” para esa tarea. Solo nos queda exigir que tomen muy en cuenta que el texto de la Constitución elaborada y aprobada por la Magna Asamblea Constituyente 2006-2007, en la Glorieta y luego en Oruro, tenía como mandato la propuesta del Pacto de Unidad: que expresa en la página Nº 6, 7.3. Caracterización del Poder Judicial: “Las máximas autoridades judiciales son elegidas mediante voto secreto”. Ese mandato soberano también fue propuesto en las Audiencias en los 9 Departamentos de Bolivia, siendo recibido por la Comisión Judicial y fue introducido por las y los constituyentes en el texto constitucional, en cuanto a que la preselección de candidatos al Poder Judicial se realice mediante el Control Administrativo de Justicia (hoy el Consejo de la Magistratura), para esa labor fue creada, y luego se remita al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, Álvaro García del MAS y Tuto Quiroga de PODEMOS con sus Diputados modificaron el texto constitucional, sin potestad ni competencia alguna, usurpando el mandato soberano. Ahora son las consecuencias nefastas de esa dictadura, para someter a los jueces y fiscales ineptos y corruptos.

La CPE es un documento escrito, los que tienen que cumplir son las y los servidores públicos, el poder constituyente del pueblo exige que todo el Sistema Judicial sea independiente del poder público y no asignen puestos sin tener la meritocracia ni la idoneidad. Por tanto, lo que debe hacer como Gobierno es dar cumplimiento a los principios establecidos en la Constitución, asignar el presupuesto adecuado con abogados altamente calificados para asumir esa labor tan importante que beneficie a los litigantes que puedan acceder a la justicia y se ponga fin a la IMPUNIDAD, por la cual los delincuentes son liberados por órdenes del poder público de turno y los inocentes están saturando las cárceles.

Finalmente, se debe elaborar una ley en la que el Consejo de la Magistratura cumpla con su trabajo de seleccionar a los candidatos al Poder Judicial. Podrá ser elegida magistrada o magistrado del Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional cualquier persona que cumpla con los requisitos exigidos en el parágrafo VI del Art. 182 de la CPE. Podrá presentar su postulación ante el Concejo de la Magistratura para que mediante la contratación de una empresa especializada utilice códigos de barras para garantizar una selección imparcial y se remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que preseleccione a una terna de los mejores calificados y finalmente remita al Tribunal Supremo Electoral acompañado de su presupuesto para que éste proceda a la organización, única y exclusiva del proceso electoral o modificar la Ley del Órgano Judicial. El Art. 20 (Postulación y Preselección) debe indicar que se debe presentar al Concejo de la Magistratura, ya que es su función y competencia preseleccionar a través de concurso de méritos y que los mejores calificados sean los que el pueblo elija para que el Sistema de Justica recupere la credibilidad, la probidad y todos los principios establecidos en la Norma Suprema y evitar el cuoteo en la Asamblea Legislativa que es eminentemente de representación político partidaria.

Angélica Siles Parrado es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.