Posiciones diversas
Legisladores de oficialismo y oposición expresaron criterios referidos al ámbito legal en el que se enmarca esta reciente resolución, señalando que se deben proteger los derechos de los ciudadanos de forma igualitaria.
Tras la reciente determinación de Servicio de Registro Cívico (SERECI) de reconocer la unión libre entre dos personas del mismo sexo, parlamentarios nacionales de oposición y oficialismo señalaron que esta determinación debe ser revisada y evaluada para constatar que no vaya en contra de lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE), aunque se reconoce que los derechos humanos avanzan y nunca retroceden.
El jueves mediante una resolución del Sereci se reconoció la unión libre entre dos personas del mismo sexo, con esto, David Víctor Aruquipa Pérez y Guido Álvaro Montaño Duran se convirtieron en la primera pareja de este tipo en ser reconocidas por el Estado boliviano.
Ante esta situación, legisladores de oficialismo y oposición expresaron criterios, referidos al ámbito legal en el que se enmarca esta reciente resolución, señalando que se deben proteger los derechos de los ciudadanos de forma igualitaria.
La diputada por la agrupación Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, manifestó que se debe analizar esta resolución desde el ámbito de los derechos humanos, siempre vigilando que no se afecte la igualdad de todas las personas ante las leyes vigentes.
“Es fundamental entender que los derechos humanos avanzan y nunca retroceden, en este caso podemos evidenciar que los bolivianos somos todos iguales ante la ley, y hay que entender que cuando una persona tiene un derecho por sobre otra se convierte en un privilegio, y al ser uno privilegiado podemos entender que hay bolivianos de primera y de segunda” expresó la parlamentaria.
Nogales, además, manifestó que se debe indagar más en el tema para analizar los sustentos legales en los que se basó la resolución que reconoce esta unión entre dos ciudadanos del mismo sexo.
Por su parte el senador por el Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, sostuvo que esta determinación será analizada en relación a su constitucionalidad, pues ninguna determinación puede estar por sobre lo que se estipula en la Carta Magna.
“Vamos a evaluar, cualquier norma que estaría contraria a la CPE es por supuesto inconstitucional. Si alguna norma no está acorde a la carta magna entonces no va, a su debido tiempo vamos a tener que evaluarla” afirmó.
Sobre la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad, Loza refirió que esta es una opción que no está descartada aunque primero se debe estudiar todo el marco jurídico en el que se sustenta.
“Seguramente si amerita vamos a tener que hacer eso, cualquier norma, si es contraria a la Constitución Política del Estado en nuestro país, no se ejecuta y no se pone en vigencia” dijo.
